Esta semana se filtró la decisión de los Estados Unidos de parar la medición de cultivos de coca en la región. No sabemos la razón, pero lo que sí sabemos es que la forma como lo hizo la administración Biden deja muchos mensajes con gravísimas implicaciones para quienes vemos a Washington como un aliado.
Empecemos por los efectos de esta decisión. La primera es un gran favor para Petro, pues la disparada en el número de hectáreas cultivadas con coca que se veía venir habría obligado a Estados Unidos casi que a descertificar a Colombia. La decisión de no entregar un informe de ese incremento le ahorra un problema político en la región. Adicionalmente, representa una carta blanca a la cuestionable política antidrogas de Gustavo Petro, que va a dejar 350 o 400 mil hectáreas sembradas de coca en Colombia para el 2026. Estados Unidos consume 200 toneladas métricas al año, cifra que no ha cambiado mucho, y el mensaje de la administración Biden es claro: el crecimiento de la deforestación, la producción y el consumo es un problema de Colombia, no nuestro.
Una política de 25 años, que le costó a Colombia 90 billones de dólares, dejó un reguero de colombianos muertos, tanto civiles como policías y militares, y un desgaste político, humano e institucional inmenso, no debería tener un entierro de segunda, como lo acaba de hacer la administración Biden con el Plan Colombia. Esa decisión muestra que Estados Unidos es un aliado poco confiable que puede dejar “clavado” a quien o quienes han creído en sus políticas con un simple cambio de gobierno. La inestabilidad que eso trae, y beneficia a rivales como China, que, por lo menos, son más predecibles, es algo inevitable.
La visita hace poco más de uno año de Juan González, encargado en el Consejo de Seguridad Nacional de América Latina, a Maduro era un mensaje claro sobre el cambio radical de la política de esta administración hacia la región. Quedó en el ambiente entonces que la democracia y la lucha por la libertad se podían negociar; el mensaje ahora es que la lucha contra las drogas también se puede negociar. Es decir, en esta administración todo es negociable, dependiendo de los intereses políticos de la Casa Blanca.
Una evaluación real del Plan Colombia podría, y aún puede, abrir la puerta a reformas en la lucha contra las drogas. La legalización ya muestra sus límites, como se ve en Portugal y en Estados Unidos con el cannabis, pero no debería terminar así una política que duró cuatro administraciones de Estados Unidos y cuatro en Colombia, que se adaptó a realidades políticas y militares y que ayudó a transformar un país, que en el 2002 era casi un estado fallido, en un ejemplo económico y de seguridad (aunque después del 2010 comenzó a retroceder).
¿Se imaginan que en 1984 Reagan hubiera dado por terminada la guerra fría? Hoy tendríamos a la Unión Soviética más poderosa que nunca. No me cabe duda de que esta decisión y este mensaje envalentona a los narcos y beneficia su negocio económico, político y violento, que hoy se extiende por todo el continente. Lo sucedido en Ecuador en los últimos 10 años es un ejemplo de lo que se va a masificar en la región, pues Estados Unidos acaba de decir: no es nuestro problema y lo que no se mide no existe.
Dicho esto, el único mecanismo de medición que queda es el Simci de la UNDOC, la agencia antidrogas de las Naciones Unidas. Podremos ahí ver cómo crece este cáncer por toda la región, pero se pierde un aliado fundamental que deja en claro que solo le preocupa el fentanilo y no todo el problema de violencia, gobernabilidad, deforestación, salud pública y corrupción que conlleva el negocio de la coca. Narco estados al por mayor en la región, desestabilización y migración masiva a Estados Unidos serán sin duda los efectos principales de esta decisión.
Ya que el presidente Biden enterró el Plan Colombia la pregunta es qué viene. En Colombia, la masificación de cultivos y el control territorial de los grupos armados ilegales que se nutren de este negocio, y en el resto de la región, ante un aumento brutal en la producción y exportación, que no me cabe duda es lo que va a pasar, la consolidación de los dos carteles mexicanos, Sinaloa y Nueva Generación, que tienen presencia en todo el continente como grandes reguladores del negocio, con alianzas estratégicas con organizaciones criminales locales. La mexicanización del negocio de la droga en el continente, con su violencia y su influencia política, va a estar a la orden del día.
Es obvio que al gobierno colombiano le anunciaron esta decisión, y, según se ve en el comunicado expedido, está feliz con ella. Pero si Estados Unidos cree que el gobierno de Gustavo Petro tiene un plan para luchar contra el negocio de la droga se equivoca. Que la DEA, el FBI, la NSA y la CIA se preparen para ver el crecimiento exponencial de la criminalidad en Colombia y en el continentre, con el consabido riesgo de penetración de organizaciones terroristas que es un escenario que se ha estudiado en estas agencias.
Todavía falta ver la consecuencia de esta decisión en el mercado de la coca, que si crece en producción también puede crecer en consumo, si su precio se reduce dramáticamente como debería suceder. Obvio, el mercado ilegal funciona distinto, pero hoy la realidad es que un gramo en la calle en Estados Unidos puede valer entre 80 y 120 dólares, lo que limita su acceso, pero si el precio llega a 30 o 40 dólares, esta droga se vuelve accesible a la clase media, donde está el gran volumen de consumidores de otras drogas.
En unos años veremos los efectos de esta decisión, cuando Biden y González ya no estén en el poder. Mientras tanto, el número de consumidores y de víctimas de esta criminalidad irá en aumento, gracias a una decisión que estas personas tomaron desde la tranquilidad de sus oficinas en Washington. Que tristeza y que desazón.