El Índice de Salarios del Indec que estima la evolución de las remuneraciones pagadas en la economía, aislando al indicador de variaciones relacionadas con conceptos tales como cantidad de horas trabajadas, ausentismo, premios por productividad, y todo otro concepto asociado al desempeño o las características de individuos concretos acusó en el octavo mes variaciones dispares: "Mientras el sector privado registrado tuvo un incremento del 2,15%, el sector privado no registrado disminuyó 1,07% y el sector público aumentó 5,1%", determinando un alza promedio de 2,28 por ciento.
En comparación con la variación del promedio de precios al consumidor que calculan las consultoras privadas, los ingresos de la mayor parte de los trabajadores sufrieron un deterioro del poder de compra de casi medio punto porcentual en el mes, fenómeno que luce congruente con la agudización del receso que afecta a la economía, no sólo en la franja de bienes de consumo durables.
El asalariado en negro volvió a ser el más favorecido en términos relativos
Respecto de un año antes, y sin considerar los efectos de las menores extras trabajadas y recorte de la jornada laboral en diversas industrias, como la terminal automotriz, autopartista y de electrónica, entre otras, de los datos del Indec surgió que los más favorecidos fueron los ocupados en negro, ya que recibieron una suba salarial de 43,2%, aunque en valores absolutos el promedio de 5.712 pesos se ubicó en la mitad de la media nacional.
Cabe destacar que se "considera trabajo privado no registrado" no sólo a los ocupados en la informalidad, sino también a la porción del jornal calificado como "no remunerativo", es decir, no sujeto a retenciones para el Sistema de la Seguridad Social, Obra Social, y otras deducciones.
En segundo lugar se posicionó el conjunto de los trabajadores en la administración pública, los cuales recibieron un incremento medio de 38,9%, a 11.716 pesos.
En tanto el sector privado registrado experimentó la menor suba nominal respecto de un año antes, con 31,5%, a un promedio de 10.700 pesos, reflejando el efecto del ajuste que debieron hacer las empresas para enfrentar una coyuntura con mayores costos y menor demanda, junto a la creciente presión tributaria porque fue el que menos pudo sortear los efectos del impuesto inflacionario al resistirse la autoridad económica a actualizar los mínimos no imponibles y las deducciones especiales.
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