El fiscal federal Ramiro González pidió emprender una investigación contra el ministro de Economía, a href="http://www.infobae.com/personajes/axel-kicillof-a827" rel="noopener noreferrer" Axel Kicillof/a; el Secretario Legal y Técnico, a href="http://www.infobae.com/personajes/carlos-zannini-a3165" rel="noopener noreferrer" Carlos Zannini/a; y el CEO de YPF, Miguel Galuccio; quienes fueron denunciados por presuntas irregularidades en el proceso de indemnización a Repsol a raíz de la expropiación del 51% de las acciones de la petrolera por iniciativa del Gobierno.
Los tres fueron denunciados por la diputada Elisa Carrió a raíz de que son los negociadores argentinos en la negociación sobre el monto de la indemnización que se va a pagar a la firma Repsol tras la expropiación a partir de la sanción de la ley 26.741 de "la soberanía hidrocarburífera", sancionada y promulgada en mayo de 2012.
Según la presentación de Carrió, que viene a ampliar una denuncia en manos del juez Ariel Lijo hecha en 2006 hecha por su cuenta y Fabiana Ríos, existe un preacuerdo por el cual el Estado indemnizará a Repsol "sin ajustarse a las prescripciones legales que deben ser observadas a los fines de determinar si corresponde el pago, y sin que se brinde información confiable a la población respecto al uso de los fondos que se destinarán al pago del resarcimiento de una empresa cuya actuación se encuentra cuestionada".
Se trata de investigar si a más de un año y medio de la expropiación la indemnización se pagará sin seguir el procedimiento legal, y así se llevará a cabo un "enriquecimiento sin causa" a favor de Repsol.
Carrió recordó que la ley 21.499 establece que al no haber acuerdo sobre el valor de los bienes que no sean muebles deberá nombrarse peritos para que fijen el valor de la indemnización. Sin embargo, Kicillof y Zannini –añadió- se reunieron estos días y sellaron un preacuerdo con la petrolera española, y a poco de concretarse el pago, "no se conoce el valor establecido por el Tribunal de Tasaciones y ni siquiera se sabe a ciencia cierta si este organismo ha intervenido".
Justamente, el fiscal González pidió que "se certifique si el Tribunal de Tasaciones ha tomado intervención" en el proceso de indemnización. "En su caso, se arbitren las medidas necesarias que estime Vuestra Señoría para recabar con premura las actuaciones originales que se hubieran labrado en el ámbito de este Tribunal", sostuvo el fiscal en el requerimiento al que accedió Infobae.
La denuncia dirigida contra Galuccio es porque fue la persona que se reunió con el ex presidente de España, Felipe González, quien en la actualidad es lobbista de Gas Natural FENOSA, una empresa que tiene "intereses en común con YPF". Además, el CEO también tuvo un encuentro con el ministro de Industria español José Manuel Soria, "quien por estos días arribó a nuestro país para cerrar el acuerdo junto a los directivos de Repsol, de la Caixa y de la mexicana PEMEX también inversora de la petrolera española".
Según la denuncia ahora impulsada por el fiscal, Galuccio insistió con el pago de la indemnización "para evitar litigios y favorecer la llegada de inversiones privadas en el reservorio Vaca Muerta". En este último negocio habría un marcado interés de la mexicana PEMEX, advirtió Carrió, pero de avanzar el juicio de Repsol a YPF por la expropiación se especula con que aquella quede afuera del mismo.
Ese sería uno de los motivos del "cambio de postura del Gobierno", sostiene la diputada, para acelerar el pago de la indemnización pero sin tomar en cuenta las prevenciones legales.
Esta ampliación de denuncia se añade a una hecha en 2006 en donde se había pedido investigar la ausencia de control del Estado sobre la información que en ese momento aportó Repsol sobre la producción, exploración y exportación de hidrocarburos.