
A unos días del décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en un reciente operativo en el basurero de Cocula, en Iguala, Guerrero, autoridades localizaron restos óseos que podrían darle un giro a la investigación, así lo dio a conocer Viadulfo Rosales, abogado de los padres de los estudiantes.
El abogado relató que el hallazgo del resto óseo ocurrió alrededor del mediodía del 22 de septiembre. Sin embargo, señaló que “a las siete de la noche, a un servidor le mandan una notificación diciendo que yo dé aviso a la familia y al Equipo de Antropología Forense (EAF), que es el equipo de peritos que es el mecanismo de peritos de madres y padres; el proceso de identificación se iba a hacer a las nueve de la noche”, dijo en entrevista con Radio Chilango.
Esta notificación con tan solo dos horas de anticipación ha generado serias dudas sobre la transparencia del proceso, por lo que el litigante advirtió: “¿Cómo podemos nosotros darle intervención al EAF, cómo poder darle una diligencia cuando se está avisando con tan poca anticipación?”.

Las preocupaciones del abogado no se limitan a la premura del análisis, sino que también abarca el temor a que el proceso esté orientado a obtener un “falso positivo”.
“Nos preocupa que ese proceso tan acelerado de procesamiento e identificación esté perfilándose para un falso positivo, irregular, todo con el objeto de que ellos puedan presentar resultados ya en el cierre de su trabajo”, mencionó Rosales, subrayando que faltan pocos días no sólo para el aniversario de desaparición, sino también para que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje su cargo.
El abogado criticó al gobierno actual por repetir prácticas de la administración anterior de Enrique Peña Nieto, que fue ampliamente señalada por su falta de transparencia y posibles manipulaciones en las investigaciones. “Tememos que estén haciendo algo irregular, que vayan a hacer un proceso alterado con respecto a este resto óseo”, añadió Rosales y arremetió aseverando que al gobierno de Morena no le interesa esclarecer la desaparición de los estudiantes.
Las recapturas
Además, Rosales mencionó que la recaptura de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, y Felipe Rodríguez Salgado, alias El Cepillo, ambos presuntos sicarios de la organización criminal Guerreros Unidos, podría alterar la versión de los hechos.

“La detención de El Gil es importante, ya que es un personaje responsable. Incluso en las llamadas que están en los archivos del Ejército mexicano sale a relucir El Gil”, explicó Rosales. Sin embargo, expresó su temor de que estas detenciones sean parte de un zigzagueo en la investigación, con el objetivo de regresar a la teoría del basurero de Cocula.
El Gil, según Rosales, ha hecho declaraciones que comprometen a varias autoridades, incluidas las fuerzas del orden, no obstante, dijo desconocer bajo qué cargos o acciones penales están detenidos, pues a ellos no se les ha informado nada.
“Tememos que se retome la línea otra vez del basurero de Cocula y bajo esas pruebas de nueva cuenta se esté ejerciendo acción penal contra esta persona”, advirtió. Además, expresó su preocupación de que El Gil se vaya a retractar o vaya a ser coaccionado para que se retracte de las declaraciones que ya rindió.

En este contexto, Rosales enfatizó la urgencia de mantener una investigación transparente y sin interferencias, aunado a la necesidad de una Fiscalía General Independiente que garantice justicia a las víctimas.
Fue en el 2015 cuando el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que los estudiantes de Ayotzinapa habían sido secuestrados, asesinados y sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula por miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. Luego, sus restos habrían sido arrojados al río San Juan.
Esta versión fue conocida como la “verdad histórica”, pero ha sido ampliamente cuestionada por su falta de consistencia y pruebas sólidas, incluso por el gobierno actual.
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