Ejército conocía movimientos del narco antes de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa

La participación de las autoridades federales, estatales y locales en complicidad con el grupo criminal Guerreros Unidos en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un tema que, con el paso de los años, genera mayor indignación en la población mexicana.

Ante el sigilo que han mantenido las instituciones al respecto, el hackeo del grupo Guacamaya a los servidores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reveló una serie de correos que evidenciaron la nula intervención de las fuerzas de seguridad, a pesar de recibir alertas sobre la presencia de grupos criminales en el área.

Los documentos, a los que tuvo acceso el periodista Óscar López y fueron publicados en el portal A dónde van los desaparecidos, detallaron que la Sedena recibió, vía correo electrónico, al menos diez denuncias, algunas con fotografías, respecto a los movimientos de la delincuencia organizada.

“Hombres armados han regresado a patrullar este pueblo [Apipilulco]. Se reúnen al costado del panteón de este pueblo, también se reúnen en el zócalo de Cocula, Guerrero, sin ser molestados por los ministeriales, estatales o municipales”, puede leerse en uno de los mensajes enviados a las direcciones de correo electrónico del 27 Batallón de Infantería (en Iguala), la 35 Zona Militar (Chilpancingo) e incluso a la Secretaría de Seguridad Pública en agosto de 2014.

Meses antes, en junio del mismo año, otra persona mandó varios correos alusivos a presuntos miembros de Guerreros Unidos, en los que incluyó fotografías de los individuos que portaban armas de alto calibre.

“Ellos son los jefes de plaza de Huitzuco, Iguala y Apaxtla [...]Hay dos que avisan de las revisiones en dónde y quién va a ir, uno apodado ‘El Flaco’ es militar, ahora trabaja en la ministerial”.

Aunque no hay información precisa sobre los mandos militares que habrían tenido conocimiento de estas denuncias, un mensaje de mayo de 2014, filtrado tras el hackeo a la Sedena, estaba dirigido específicamente para uno de los castrenses detenidos por el caso.

“Para atención de mi coronel José Rodríguez Pérez”, dice la denuncia sobre la movilización de grupos armados en la región. Rodríguez Pérez se desempeñaba como comandante del 27 Batallón de Infantería de Iguala, a donde se habría ordenado que se llevaran los restos de los estudiantes.

El general fue detenido el 14 de septiembre por agentes de la Policía Federal Ministerial de la Ciudad de México (CDMX). La investigación en su contra se sostiene en que, según la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (CoVAJ), Rodríguez Pérez habría ordenado el asesinato y desaparición de seis normalistas que permanecían con vida hasta cuatro días después de la privación de su libertad en una bodega de Pueblo Viejo.

Conocían la ubicación del “Pez”, de la Familia Michoacana

Las alertas ciudadanas enviadas a la Sedena no sólo daban cuenta de las actividades de Guerreros Unidos, sino que también expusieron una posible ubicación de Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, líder de la Familia Michoacana.

El 24 de abril de 2014, a los correos del 27 Batallón de Infantería y de la 35 Zona Militar llegó un correo con el asunto “Ubicación ‘El Pez’ Jonhu Hurtado Olascoaga; boletín informativo (sic.)”.

Dentro del cuerpo del mensaje, la persona denunciante escribió: “Nos hemos informado el día de hoy que este sujeto, alias ‘El Pez’, el próximo sábado 26 [de abril de 2014] estará en una fiesta de XV años en un poblado rural llamado El Potrerillo, en los límites del municipio de Teloloapan y Arcelia, entre tres y cuatro de la tarde”.

Al final de la misiva digital, con notoria insistencia, el remitente agregó: “Se los manifiesto para pedirles de favor que hagan un buen operativo tierra-aire, y si no lo hacen ya no podemos confiar más en ustedes tampoco”.

Hasta el momento, no hay información que reconozca la ejecución de ningún operativo de seguridad para aprehender al “Pez” en esas fechas. Recientemente, el 2 de marzo, se desplegó un dispositivo de seguridad entre miembros de la Sedena y la Guardia Nacional (GN), así como de la Fiscalía General de Guerrero, con la intención de detener al “Pez” y a su hermano José Alfredo, alias “El Fresa”.

El operativo resultó fallido y ambos jefes criminales escaparon, en gran medida, gracias a los bloqueos efectuados por integrantes del grupo delictivo, así como por pobladores de la zona.