
El diputado venezolano Gilber Caro, opositor al régimen de Nicolás Maduro, inició una huelga de hambre al cumplir ocho meses en prisión tras la insistencia sin éxito de sus defensores para lograr su excarcelación o el traslado de penal.
"URGENTE Dip Gilber Caro inicia huelga de hambre. Su integridad física está en peligro, por ello exige el traslado mientras sigue su proceso penal", dice un mensaje publicado en la cuenta de Twitter del legislador, que es manejada por sus familiares.
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URGENTE DipGilber Caro inicia huelga de hambre. Su integridad física está en peligro por ello exige traslado mientras sigue su proceso penal pic.twitter.com/JK99KKOPgh
— Gilber Caro (@gilbercaro) 11 de septiembre de 2017
Allí publicaron dos fotografías de una carta escrita a mano supuestamente por él en prisión y fechada este lunes, donde informa que iniciará la huelga de hambre en vista de que le han negado el traslado desde la cárcel común en la que se encuentra en el centro del país, hacia el penal militar de Ramo Verde, ubicado a las afueras de Caracas.
"Como no he recibido respuesta alguna, hoy comienzo una huelga de hambre la cual aumentaré con los labios cocidos si no responden a mi respetuosa solicitud de ser trasladado. Luego seguirá en aumento, iniciaré una huelga prolongada de hambre y sed de manera indefinida hasta que sea amparado en los derechos que aquí solicito", reza la misiva.
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El diputado, militante de la formación Voluntad Popular, fundado por el opositor preso Leopoldo López, denunció que ha sido agredido, aislado o castigado varias veces "sin razón" en prisión con el propósito de "producir un grado de tortura".
Dijo que de tener que llegar a "extremos humanos" responsabiliza "al Estado, (Tribunal Supremo de Justicia) TSJ, Defensoría del Pueblo, y toda autoridad competente en mi traslado de lo que me pueda pasar".

Caro fue detenido el 11 de enero por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y, según el Gobierno, fue "capturado en flagrancia" en el céntrico estado Carabobo cuando "portaba un arma y explosivos, material de guerra de uso exclusivo de la Fuerza Armada".
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La oposición venezolana y organizaciones defensoras de los derechos humanos lo consideran un "preso político" del gobierno de Nicolás Maduro.
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