La policía de inteligencia chavista detuvo a un alcalde opositor dentro del ayuntamiento

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela dictó este viernes una medida de 15 meses de prisión e inhabilitó al alcalde opositor Alfredo Ramos, tres días después de emitir un fallo similar contra Gustavo Marcano, otro gobernante contrario al gobierno de Nicolás Maduro.

"Sala Constitucional del TSJ sanciona a Alfredo Ramos a 15 meses de prisión más las accesorias de ley", informó el Supremo a través de su cuenta en la red social Twitter, donde también indicó que el alcalde incurrió en desacato de un amparo cautelar dictado el pasado 1 de junio.

Asimismo, la Sala determinó que Ramos "cesa en el ejercicio de sus funciones como alcalde del municipio Iribarren del estado Lara (oeste)" y que durante el cumplimiento de la sanción "se declara la inhabilitación política" del imputado.

Por lo anterior, el máximo tribunal acordó librar una orden de captura contra el alcalde, para lo cual ordenó notificar de dicha medida al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y que este proceda "a la tramitación de orden de alerta roja a Interpol para ubicar y capturar fuera de Venezuela" a Ramos.

Funcionarios encapuchados y con armas largas del Sebin ingresaron este viernes por la noche en la Alcaldía de Iribarren para llevarse detenido a Ramos. Un grupo de trabajadores municipales intentaron proteger al alcalde para evitar que se lo lleven.

El Supremo estableció como centro de reclusión la sede del Sebin en Caracas y acordó mantener la medida de prohibición de salida del país, previamente decretada contra el burgomaestre.

Ante esta decisión, Ramos responsabilizó por su seguridad a Maduro y al considerado número dos del chavismo Diosdado Cabello. "Hago responsable a @NicolasMaduro y @dCabellor de mi seguridad, la de mi familia y la de más de 500 empleados que nos acompañan", expresó a través de Twitter.

Ramos es uno de los alcaldes opositores citados a audiencias públicas por el TSJ por permitir protestas callejeras contra el Gobierno en sus jurisdicciones. 

La alta corte ha sido acusada repetidamente de servir como brazo judicial de Nicolás Maduro.

El Parlamento, de contundente mayoría opositora rechaza la legitimidad de 33 de sus magistrados por supuestas irregularidades en sus nombramientos por parte de la anterior Cámara controlada por el chavismo, y el pasado viernes designó a otros 33 jueces para sustituir a los que se encuentran en ejercicio en el Supremo.

Con información de EFE

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