La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, convertida en la principal figura de confrontación para el régimen militar de Nicolás Maduro, quedó al borde de su destitución y de ser enjuiciada en un proceso iniciado en el Tribunal Supremo tras rebelarse a los planes del oficialismo.
Ortega es la funcionaria de más alto rango que se ha opuesto a la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente hecha por Maduro en medio de una crisis institucional y una ola de protestas antigubernamentales que mantiene en el clímax la trama venezolana.
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La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) celebró este martes la audiencia oral para evaluar la solicitud de "antejuicio de mérito" y determinar si existen elementos para enjuiciar y separar de su cargo a la titular del Ministerio Público por haber supuestamente incurrido en una "falta grave" en el desempeño de su cargo.
Los señalamientos contra la fiscal, que se negó a presentarse a la audiencia, son de carácter "ético y moral", por impugnar la designación de una treintena de magistrados que componen el máximo tribunal, el mismo que ahora debe juzgarla por supuestas irregularidades cometidas en su elección.
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La acusación fue hecha ante el pleno de los magistrados por el diputado oficialista Pedro Carreño, que inició la acción legal contra la fiscal con una denuncia por supuestas "faltas graves" en el desempeño de sus funciones.
Carreño acusó a Ortega de "ponerse en antagonismo con el Poder Judicial" y "con el Poder Ejecutivo", después de que la funcionaria recriminara al Tribunal Supremo haber roto "el hilo constitucional" y acusara al Gobierno de Maduro de practicar "terrorismo de Estado".
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El fundamento de la acusación de los chavistas contra su ex aliada se sustenta en que esos magistrados fueron elegidos en un proceso que contó con el aval del Ministerio Público, y que ahora Ortega niega, por lo que se le acusa de "mentir".
El presidente del Tribunal Supremo, el magistrado Maikel Moreno, informó que la decisión sobre el proceso de enjuiciamiento contra la fiscal general será anunciada en un plazo de cinco días.
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En simultáneo, el Supremo ha allanado el terreno para una eventual salida de Ortega con la destitución de su actual vicefiscal, Rafael González, y designando en su lugar a Katherine Harrington, una ex fiscal y ex viceministra del régimen de Maduro.
El Parlamento, controlado por opositores pero cuyos actos son considerados nulos por los demás poderes, ratificó a González, dejando un escenario con dos vicefiscales.
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En Venezuela, la mayoría de las autoridades del Estado han sido designadas por el oficialismo, entre ellas Ortega, que hasta hace tres meses era considerada como una aliada del chavismo y ahora encabeza la mayor corriente contra el Gobierno.
La oposición mantuvo este martes en las calles sus protestas, con cierres de vías en varias zonas, en una jornada en la que murió un joven en el oeste del país por causas que aún no han sido precisadas.
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Otros escenarios de violencia se reportaron en Caracas, donde un grupo de hombres armados atacó un hospital durante una protesta opositora, hiriendo a al menos cinco personas que se encontraban en las inmediaciones del centro médico y por lo que la Fiscalía inició una investigación.
(Con información de EFE)
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