Cada vez es mayor la tensión entre el chavismo y la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz. Este miércoles, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró inadmisible el pedido de la titular del Ministerio Público para destituir a los jueces de la Corte, y hasta advirtió que la fiscal podría ser apresada por ese intento.
La Sala Constitucional del TSJ se declaró competente para conocer del recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido por Ortega Díaz para impugnar la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes del máximo tribunal, cuyo nombramiento fue aprobado por el anterior Congreso dominado por el chavismo en diciembre de 2015.
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La fiscal, quien denunció que los 33 jueces fueron elegidos de manera irregular, indicó que interpuso el nuevo recurso en un esfuerzo por "tratar de restaurar la estabilidad del país".
En un documento publicado este miércoles, el TSJ indicó que la sentencia N° 614, emitida el 19 de julio de 2016, "fue aplicada para evitar que los diputados a la Asamblea Nacional (AN) pudiesen destituir a los magistrados". En dicho caso, los parlamentarios podrían enfrentar cargos, según el texto.
"Cualquier comisión u otro artificio o acción que tenga el objeto de anular la designación de magistrados y magistradas, subvierte el procedimiento constitucional para la remoción de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia y, por lo tanto, es írrito y nulo de toda nulidad y carente de validez, existencia y eficacia jurídica; y quienes participen en ellos están sujetos a la responsabilidad penal, civil y administrativa que corresponda", señala la sentencia.
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Ante este panorama, ahora los miembros del TSJ, en medio del conflicto con la Fiscalía, podrían considerar aplicar ese recurso contra Ortega Díaz.
La titular del Ministerio Público se presentó el pasado lunes en el Tribunal Supremo para impugnar la designación de los 33 magistrados de ese órgano.
Tras su presentación, la fiscal general aseguró que la Corte representa "un obstáculo para la paz del país" debido a la "falta de legitimidad de origen de esos magistrados".
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