La oposición venezolana denunció que hubo más de 40 heridos por la represión del régimen chavista

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el opositor Julio Borges, dijo que la manifestación realizada en Caracas contra el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se saldó con 42 heridos, uno de ellos de bala, y "varios detenidos".

"Un herido por arma de fuego, de 39 años, una joven con traumatismo en diferentes partes del cuerpo que fue atropellada por la Guardia Nacional, 8 personas fracturadas y más de 32 heridos con contusiones y suturas", dijo Borges en rueda de prensa, horas después de finalizada la manifestación.

El opositor explicó que este balance fue levantado con información suministrada por varios de los partidos que integran la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y con datos "que se recogieron en los ambulatorios de los municipios" de la capital venezolana.

"Sobre los detenidos, es una cifra que nos han dado los diferentes partidos y, tenemos entre heridos y detenidos más de 50 personas. Hay unas personas que son incluso periodistas, camarógrafos que fueron puestos en privación de libertad y están en el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia) en estos momentos", prosiguió.

Entre los aprehendidos, según Borges, están la secretaria juvenil del partido Vente, de la ex diputada María Corina Machado, otra mujer, "y con ellos hay otras personas".

En un primer balance, el alcalde del municipio caraqueño Chacao, el opositor Ramón Muchacho, había reportado nueve heridos, uno de ellos de bala y el resto con politraumatismos. Según el diario local Últimas Noticias, siete agentes policiales resultaron también heridos.

Todas estas personas sufrieron lesiones durante una manifestación opositora contra dos sentencias del Supremo -ya revocadas- que despojaban al Legislativo de sus competencias y que limitaba la inmunidad parlamentaria, algo que ha sido visto por la oposición que controla el Parlamento como "un golpe de Estado".

Por ello, el antichavismo ha dicho que iniciará este miércoles un proceso para remover de sus cargos a los siete magistrados que firmaron tales decisiones, aunque la Constitución establece que para concretar estas destituciones es necesario el aval previo del Poder Ciudadano, una instancia que actualmente es más cercana al Judicial y al Ejecutivo.

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