"En Venezuela se ha consolidado definitivamente una dictadura judicial"

"En Venezuela se ha consolidado definitivamente una dictadura judicial conducida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), actuando y dictando sentencias arbitrarias; es decir, literalmente, como le da la gana, sin importarle lo que pueda decir la Constitución o la ley, sin respetar las formas procesales constitucionales ni legales, y violando todos los principios más elementales del derecho y del proceso", afirmó Allan Brewer-Carías, doctor en derecho y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

La Sala Constitucional del TSJ emitió el miércoles a la noche una sentencia en la que puso por escrito lo que viene haciendo desde que la oposición ganó la mayoría en la Asamblea Nacional (AN): declarar nulas todas sus facultades y asumir la función legislativa. "Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la AN, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de derecho", dice la resolución.

"Es claro que el TSJ está invadiendo las funciones del Legislativo, que es otro órgano del Poder Público equivalente al Poder Judicial. Es el corolario de un proceso por el cual poco a poco han ido quitándole competencias a la AN desde que dejó de ser controlada por el gobierno. Ésta es la decisión que llega al tope, porque es la propia sala la que asume las potestades normativas de la AN", afirmó el abogado Carlos Luis Carrillo Artiles, profesor de la Universidad Central de Venezuela y miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Disciplinario, en diálogo con Infobae.

Luis Herrera, profesor de Derecho de la Universidad Central e integrante de la ONG Un Estado de Derecho, explicó que la Constitución venezolana no le otorga esa atribución al TSJ. "Está previsto como competencia de la Sala declarar omisiones legislativas, lo que le permitiría declarar que, por ejemplo, la AN dejó de dictar una determinada ley que la Constitución le ordenaba a dictar. Pero son sólo llamados de atención. No se puede, en ningún caso, entender que esa competencia le permite sustituir al Poder Legislativo. Estos señores pretenden aprobar como leyes los decretos que dicte Nicolás Maduro. Lo que buscan, en realidad, es avalar las decisiones dictatoriales del Poder Ejecutivo", dijo a Infobae.

Como queda claro en el fallo, la razón para tomar esa decisión no contemplada por la Constitución es el supuesto desacato en el que incurre la AN. Es el mismo argumento que repite el TSJ desde comienzos del año pasado en todas las sentencias que dicta para anular sus resoluciones. El origen de la sanción es la polémica orden que dio el tribunal a la AN para desincorporar a tres diputados del estado de Amazonas, con la poco creíble excusa de un fraude electoral perpetrado por la oposición. La Asamblea finalmente los desincorporó, pero el TSJ la sigue considerando en desacato.

"Es muy curioso que la Sala Constitucional haya resuelto los 50 o 60 procesos que le llegaron contra la AN en menos de una semana cada uno (todos a favor de las pretensiones del gobierno y en contra de la oposición). Sin embargo, desde hace casi dos años está rodando el juicio por los diputados de Amazonas y sigue sin haber una resolución. El TSJ los mantiene suspendidos y parece que los va a mantener así perpetuamente porque no tiene interés en resolver el problema", reflexionó Carrillo Artiles.

Pero lo peor de todo es que declarar en desacato a un poder del Estado tampoco está contemplado por la legislación venezolana. "Un tribunal puede anular una decisión de otro poder, pero no decirle cómo comportarse, como si fuera un superior —dijo Herrera—. Como la AN no siguió esas órdenes, inventaron esa figura del desacato, que no está prevista en el derecho jurídico venezolano. No hay una norma que habilite al TSJ a decir que por desobedecer una sentencia la AN queda suspendida en sus funciones. No existe, es una invención inconstitucional y antidemocrática".

El fallo del miércoles complementó otro de dos días antes, por el que el tribunal anuló el pedido de la AN a la OEA para activar la Carta Democrática Interamericana. Brewer-Carías sostuvo que estas sentencias son ilegales, ya que son fruto de juicios exprés en los que no hay debido proceso ni derecho a la defensa para el afectado, que en este caso es otro poder del Estado, la AN. "El pueblo, en definitiva a través de sus representantes, no merece ser oído, pues la Sala es la que gobierna, sin derecho", dijo el jurista.

Junto con esa sentencia se dictaron medidas cautelares de oficio, que son también ilegales, porque sólo se pueden dictar en el marco de un proceso judicial, nunca por fuera ni después de una sentencia. Pero el TSJ las dicta como si fueran decretos del Ejecutivo. En una de ellas, le ordenó al presidente que "en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y para garantizar la gobernabilidad del país, tome las medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción".

Otorgar al Ejecutivo la potestad de tomar medidas "penales y militares" para evitar "un estado de conmoción" que no se especifica implica una suspensión de la Constitución. "Esto podría ser invocado por Maduro para modificar las leyes penales para utilizarlas como arma de persecución política. Viola el ordenamiento jurídico internacional", acusó Herrera.

En otra orden de extrema gravedad, el TSJ les quitó los fueros a los legisladores. "La Sala, de paso, consideró que resultaba 'oportuno' dejar sentado, en relación con los diputados de la AN, que 'la inmunidad parlamentaria sólo ampara, conforme a lo previsto en el artículo 200 del Texto Fundamental, los actos desplegados por los diputados en ejercicio de sus atribuciones constitucionales (lo que no resulta compatible con la situación actual de desacato en la que se encuentra la AN)'", explicó Brewer-Carías. Así, los diputados quedan expuestos a ser arrestados en cualquier momento por un gobierno al que, como si fuera poco, el TSJ instó a tomar medidas penales y militares para evitar la conmoción interna.

"Lo que buscan es aumentar el miedo por las medidas punitivas que se pueden tomar contra la oposición. Además hay una necesidad de los neoautoritarismos de que haya una instancia que diga que jurídicamente está bien lo que hacen, para justificarse. Pero cuando se reconoce que no estamos ante un tribunal sino ante un órgano político, nada de lo que diga puede servir de aval jurídico. Son actos políticos, no sentencias. El TSJ fue usurpado por militantes leales a un proyecto político que, como se ve en estos actos, no razonan jurídicamente, sino en función de la agenda política del Ejecutivo", concluyó Herrera.

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