
La Guardia Civil (cuerpo de seguridad español) entró en el centro de telecomunicaciones del gobierno regional de Cataluña para bloquear los servicios de voto telemático del referéndum.
La magistrada Mercedes Armas obligó este viernes a los responsables del Centro de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información (CTTI) catalán a suspender el acceso a 29 aplicaciones informáticas que gestionan bases de datos que las autoridades de Cataluña pretenden usar en la consulta que han convocado para este domingo sobre la independencia de esa región española.
El CTTI es una empresa pública del Gobierno de Cataluña en la que se integran todos los servicios informáticos y de telecomunicaciones de la administración regional.

El portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, consideró que el "bloqueo" de las instalaciones del CTTI supone que "se ha asestado un golpe a la organización del referéndum ilegal" que pretenden celebrar los independentistas catalanes, que está suspendido por el Tribunal Constitucional español.
En declaraciones a la prensa, subrayó que el referéndum "ya ha sido anulado por el Estado de derecho".
Respecto a la intervención en el CTTI, Méndez de Vigo explicó que, de esta forma, se ha evitado que se pueda utilizar el voto telemático o el recuento de papeletas.

Por su parte, el Gobierno catalán, que confirmó la intervención de la Guardia Civil, advirtió de que el bloqueo del sistema informático para el voto telemático afectará de forma directa a otros servicios.
Otra de las medidas dictadas por la Justicia española para impedir la consulta secesionista es el cierre de los 2.315 centros de votación designados por los responsables del referéndum.
La policía catalana (Mossos d'Esquadra) se ha personado ya en al menos 1.300 colegios, de los que 163 (12 %) están ocupados desde anoche por personas que tratan de evitar que sean cerrados, según datos facilitados por la Delegación del Gobierno español en Cataluña.
Mientras tanto, miles de personas se concentraron este sábado en el centro de Madrid y en otras ciudades españolas como Santander, Logroño y Palma en contra del referéndum independentista y favor de la "unidad de España" y la Constitución y para apoyar a la Guardia Civil y la Policía Nacional.
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