El Comité de Asuntos Financieros de la Unión Europea de la Cámara de los Lores, la cámara alta del parlamento británico, declaró en un informe que el Reino Unido no está legalmente sometido a pagar una "factura de divorcio" de hasta USD 64.000 millones que exige la Unión Europea por compromisos preexistentes al Brexit y por retener algunos beneficios que disfrutan los países miembros.
No obstante, también advirtió que la ausencia de un acuerdo financiero podría perjudicar el objetivo de retener acceso libre al mercado europeo tras la retirada del gobierno de Theresa May.
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De acuerdo al artículo 50 del Tratado de Lisboa, el Reino Unido tiene un plazo de dos años para llegar a un acuerdo con la UE, después de los cuales podría retirarse sin un acuerdo a menos de que los países miembros prorroguen las negociaciones.
"Aunque hay interpretaciones conflictivas, concluimos que si no se llega a un acuerdo, toda la legislación de la UE -incluyendo las provisiones con respecto a contribuciones financieras en curso y mecanismos para la adjudicación- dejará de aplicarse y el Reino Unido no estará sujeto a ninguna obligación exigible por ley de hacer ninguna contribución financiera en absoluto", afirmó el Comité de Asuntos Financieros en un informe.
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De la misma forma, el informe también sostiene que, al igual que Gran Bretaña, la UE tampoco estaría obligada a devolver parte de los activos que presuntamente le corresponderían a su país luego de la salida.
El comité, liderado por Baroness Falkner of Margravine, del bloque Liberal Demócrata, dijo que si bien algunos países miembros podrían iniciar acciones legales en contra del Reino Unido, es "cuestionable" que una corte internacional tenga la jurisdicción para hacerlo.
"Aunque consideramos que el Reino Unido no estará legalmente obligado a financiar el presupuesto de la UE luego del Brexit, la cuestión será un eje central de las negociaciones," dijo Margravine.
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"El gobierno tendrá que evaluar los costos financieros y políticos de tales pagos frente a potenciales beneficios de otros elementos de las negociaciones", explicó.
Fundamentalmente, el comité cree que el país no podrá mantener beneficios de comercio con la UE si no llegan a un acuerdo favorable.
"Si el gobierno desea incluir el futuro acceso al mercado en términos favorables como parte de las discusiones sobre el acuerdo de retirada, es probable que resulte imposible hacerlo sin llegar a un acuerdo sobre la cuestión del presupuesto", explica el informe.
Por su parte, Theresa May, quien aseguró activar las negociaciones del artículo 50 este mes, ha dicho que su gobierno solamente consideraría pagar a la UE por participar en "algunos programas europeos específicos".
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