La Fiscalía mexicana dijo este miércoles que investigará el supuesto espionaje cometido contra periodistas y activistas por parte del Gobierno mexicano, y que tratará de precisar quiénes enviaron los mensajes que llevaban la instalación de un programa informático en los teléfonos de los afectados.
En un comunicado, la institución informó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) abrió una investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.
El pasado lunes, The New York Times informó que personalidades como la periodista Carmen Aristegui y el director del Centro Prodh, Mario Patrón, fueron espiados a través de un programa informático denominado "Pegasus" y vendido exclusivamente a gobiernos.
Varios de los afectados denunciaron el caso en una rueda de prensa el mismo lunes y presentaron una denuncia ante las autoridades.
La Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) afirmó que "se llevarán a cabo las diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias".
A través de estas, se analizarán los números telefónicos afectados y se identificará la procedencia de los mensajes recibidos por los denunciantes, los cuales servían de gancho para que el programa malicioso se instalara en los dispositivos.
Se precisará "la geolocalización de los equipos que hubieran remitido los mensajes" y la forma en la que operan este tipo de programas espía.
Asimismo, la institución "investigará los posibles proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos" y se les pedirá que expliquen a qué empresas ofrecieron sus servicios.
La fiscalía cerró el comunicado asegurando que "rechaza enérgicamente las intervenciones ilegales de comunicaciones".
Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló este miércoles que recibió un escrito de queja por parte de los afectados, por lo que solicitó a la PGR, y a las secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional y de Marina implementar medidas cautelares al respecto.
"Al reunirse los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño", la Comisión pidió a las dependencias que, en el caso de poseer el programa "Pegasus" u otro similar, se abstengan de emplearlo contra periodistas y activistas si no tienen una orden judicial.
Y en caso de haber recopilado información mediante este tipo de programas solicitó que "se abstengan de utilizarla y difundirla" antes de que su legalidad sea valorada por las instancias correspondientes.
Además, la organización civil Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) se unió a las protestas contra el presunto espionaje, haciendo un especial hincapié en el realizado al hijo de Aristegui, un adolescente de 16 años, debido a la labor periodística de su madre.
REDIM tildó de "totalmente ilegal y éticamente cuestionable" el ataque hacia el adolescente, y remarcó que este "demuestra la pérdida de claridad en los objetivos en quienes están a cargo de los servicios de inteligencia".
Después de que saliera a la luz el caso del supuesto espionaje, el Ejecutivo mexicano aseguró que "no hay prueba alguna de que agencias del Gobierno mexicano sean responsables del supuesto espionaje", y dijo defender la "privacidad y protección de datos personales" de los ciudadanos.
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