Alcalde, uno de los empleos de más alto riesgo en México

Humberto Segura Guerrero fue alcalde del pequeño municipio de Yautepec, en el estado de Morelos. Estuvo secuestrado más de un mes, hasta ser rescatado durante un operativo policial.

Segura Guerrero fue el último en una larga lista de alcaldes o ex alcaldes que han sido amenazados, secuestrados o asesinados por el crimen organizado en México. La Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), informó que entre 2006 y agosto de 2016 fueron asesinados 36 ex alcaldes, 7 alcaldes electos y 43 en funciones, dando un total de 86.

"Queda de manifiesto que han muerto y pueden incluso morir más ediles por estas condiciones: falta de recursos para seguridad, zonas de influencia de los cárteles y si son municipios pequeños, el poco desarrollo institucional", destaca la ANAC.

Estos tres factores de riesgo los conoce Juan Luis Contreras, quien fue alcalde de Churintzio, Michoacán, de 2012 a 2015. Su municipio se encuentra enclavado en una zona cercana a los estados de Michoacán, Jalisco y Guerrero, los tres dominados por la presencia de poderosos cárteles.

Hace dos años entregó la presidencia municipal, pero aún ahora no puede revelar muchos detalles sobre el atentado de que fue víctima en 2014 porque hay una investigación judicial en curso.

En charla con Infobae, Contreras recordó que su época de alcalde fue de los periodos más álgidos en su estado por la disputa del territorio entre los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la aparición de los grupos de autodefensas –ciudadanos armados que por su cuenta combatían a la delincuencia organizada- y por la falta de gobernabilidad en el estado que en seis años cambió tres veces de gobernador.

Por un lado, afirma, los alcaldes tienen poca influencia a la hora de definirse los presupuestos, ya que se hace entre el Ejecutivo y los estados, pero, por otro, están solos y acorralados ante la amenaza de la delincuencia organizada, cuando se niegan a pagar las cuotas que exigen o para dejarlos operar libremente.

La decisión es difícil: si te niegas a pagar la extorsión te matan, si lo haces y los dejas operar "te conviertes en uno de ellos", y si denuncias, no puedes confiar en las instituciones "siempre hay una justificación para la inacción de la justicia".

Contreras tuvo que presentar tres denuncias ante instancias estatales y federales que aún siguen en curso.

Los tiempos cambiaron

Javier García Basulto fue alcalde del municipio de Cojumatlán entre 1999 y 2001, periodo que, considera, fue el último en el que existió respeto por las autoridades municipales.

En aquél tiempo, asegura, los cárteles no estaban tan diversificados como ahora y las instituciones tenía cierta solidez, por eso los alcaldes no era un blanco tan fácil como lo son ahora.

"El narco existió todo el tiempo: en mi pueblo había problemas de adicción, de venta, pero uno como alcalde los podía enfrentar directamente. A mí me tocó hablar con personas que presuntamente se dedicaban a ese tipo de ilícito y se hablaba claramente, no había amenazas y con respeto se dirigían a uno. Uno los enfrentaba no a balazos, no con violencia, hablaba uno con ellos y les decía que ese tipo de actividades no estaban permitidas", recuerda.

En aquellos tiempos, continúa, quienes empezaban a dedicarse a la delincuencia organizada buscaban arreglar las cosas de manera pacífica con los alcaldes antes de que intercediera la policía y se retiraban de la actividad o se iban a otro lado "sin molestar a la gente".

El problema es que junto con el crecimiento de los cárteles, cayó sobre el país una "cascada de corrupción" que debilitó a las instituciones al involucrar a todo el aparato público. "Si nuestro presidente es corrupto, todo mundo se quiere llevar algo, si fulano de tal se lleva tantos millones de pesos, pues ¿por qué no hacerlo yo?, esto se ha generalizado: el presidente, los gobernadores, ahí está la situación, si tuviéramos presidentes honestos, gobernadores, los alcaldes no se atreverían, pero como ven que su pares hacen lo mismo…"

En 2016, alcaldes de los partidos de oposición exigieron al gobierno federal la implementación de un protocolo de seguridad para garantizar la seguridad de aquellos que estuvieran en riesgo, en el que se incluyeran indicadores como amenazas, homicidios previos cercanos, regiones con delincuencia organizada y delitos de alto impacto, para determinar el grado de protección que requieran.

Pedían que de acuerdo con el nivel de riesgo, se estableciera la entrega de recursos económicos incluyendo partidas del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg), recursos humanos, materiales e inteligencia policial que debía incluirse por zona y en específico a quienes lo necesitarán con prioridad.

Sin embargo, un año después, no existe ningún protocolo para los presidentes municipales.

El país cuenta con 2.446 municipios y las 16 delegaciones de la Ciudad de México.

Los estados considerados más riesgos para los alcaldes son Durango, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas, que en conjunto suman más de 1.100 municipios, es decir, que más de la mitad de los presidentes municipales trabajan en zonas de riesgo.

Cuando Contreras fue Alcalde, tenía 26 años las cifras muestra por qué "en ese momento estábamos mas solos que nada".

Cuando se debían tomar decisiones de riesgo "por razones de poder" no había nadie junto a ellos, una de las más importantes era designar al director de seguridad pública, quien generalmente era "impuesto" para "infiltrar" a la administración municipal.

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