Asesinatos, ataques, secuestros y amenazas: un marzo negro para el periodismo en México

Marzo representó para México un mes negro en materia de libertad de expresión. Tres periodistas fueron asesinados, y dos fueron víctimas de atentados, uno de ellos bajo mecanismos de protección.

Pero el oficio también tiene un precio: El 20 de marzo los llamados "huachicoleros", un nuevo tipo de criminales que se dedican al robo de gasolina, ofrecieron una recompensa de 10.000 pesos (unos USD 500) por la cabeza de cada reportero que escribiera sobre ellos.

En México no hay un lugar seguro para los periodistas. Los ataques de marzo tuvieron lugar en el Norte, Sur y Centro del país.

En la última semana del mes dos periodistas fueron atacados por hombres armados y un grupo de la televisora árabe Al Jazeera fue retenido en Navolato, estado de Sinaloa (Noreste) por un comando armado que los confundió con un grupo criminal rival, dejándolos sin auto y sin equipo de trabajo.

La colusión entre autoridades y grupos criminales, fallas en los protocolos de protección, el creciente clima de inseguridad, las precarias condiciones de trabajo y la falta de capacitación para cubrir situaciones de conflicto hacen de los periodistas mexicanos un blanco fácil de la violencia.

"Hay un perpetuo clima de impunidad en el que los periodistas quedan expuestos a los ataques", dijo a Infobae Carlos Lauria, coordinador del Programa para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), organización que promueve a nivel mundial los derechos de los comunicadores.

Según la organización no gubernamental Artículo 19, desde el 2000 a la fecha se han registrado 123 asesinatos de periodistas en el país, así como 23 desaparecidos.

La misma ONG, que continuamente presenta informes sobre la situación de la prensa, destaca que México vivió en 2016 su año más violento al registrar 426 agresiones —un 7% más respecto a 2015— y 11 asesinatos de profesionales del sector.

A nivel mundial, el país ocupa el tercer lugar en número de periodistas asesinados, después de Siria y Afganistán, de acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF).

Ante esta situación, los periodistas mexicanos tomaron nuevamente las calles para exigir que se detenga la violencia en su contra y que se resuelvan los casos pendientes.

"Exigimos que se evalúe de manera urgente si deben activarse los mecanismos de atracción de manera que estos casos puedan ser investigados y judicializados de inmediato por las autoridades federales y que se consolide el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para asegurar la adecuada adopción e implementación de las medidas de protección", expresó en un comunicado, Tania Reneaum, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México.

El dejar sin protección a quienes trabajan para exponer la sombría realidad de los abusos que se cometen "equivale a tratar de barrer esos abusos debajo de la alfombra", dijo.

Los ataques y las amenazas

 "Muchos noveles periodistas antes en México, soñaban con ir a 'una guerra' y ser 'corresponsales de guerra'; pues ya la vivimos desde hace por lo menos 20 años: recrudecida y muy violenta por todo el país", contó a Infobae, Luz María Rivera, periodista del estado de Veracruz, considerado como el más peligroso para los comunicadores.

La encargada de investigador los casos de agresiones a periodistas es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) dependiente de la Procuraduría General de la República (Fiscalía General), pero a decir del representante del CPJ, sólo ha logrado avanzar en forma importante en tres casos "y los periodistas dicen que no es suficiente".

Afirma que una de las principales fallas radica en que la evaluación de riesgos por parte de esta instancia está a cargo de funcionarios locales que no están "empapados" (bien informados) de la situación.

"Sí hay conciencia de que es una crisis de dimensión nacional y se han puesto en práctica mecanismos de investigación, pero los esfuerzos han sido insuficientes. Al mismo tiempo, está el fracaso de no poder resolver a fondo aquellos casos de asesinatos donde ha habido identificaciones de sospechosas", dijo Lauria.

La falta de solución en la mayoría de los expedientes, consideró, es determinante para que los responsables sientan que pueden agredir periodistas sin que exista un castigo "y eso es un hecho perturbador".

Ante esta situación, en el Legislativo la Comisión Especial para dar Seguimiento a las agresiones Contra Periodistas y Medios de Comunicación presentó el jueves por segunda vez una propuesta para la creación de una Fiscalía independiente que investigue estos ataques.

"Hay zonas donde la autoridad está ausente y zonas muy proclives a ser controladas por el crimen organizado y eso genera que los periodistas trabajen en situación de vulnerabilidad sin garantías mínimas, lo que propicia un clima de temor, de intimidación que hace difícil cualquier tipo de periodismo y eso produce censura, silencio y sociedades que no están informadas", alertó Lauria.

Primavera negra

El 24 de marzo fue asesinada de ocho tiros en el estado de Chihuahua la periodista Miroslava Breach, corresponsal del diario La Jornada, mientras salía de su casa para dejar a uno de sus hijos en la escuela. En el sitio se encontró un cartel que decía "Por lenguona".

Las autoridades siguen una línea de investigación relacionada con el crimen organizado.

Apenas el 19 de marzo había sido asesinado a balazos en Yanga, un pueblo del estado de Veracruz, el periodista Ricardo Monlui, director editorial de El Político y autor de la columna "Crisol". Tenía 57 años y fue atacado cuando salía de un restaurante donde había comido con su esposa y su hijo.

El 2 de marzo, fue asesinado en Ciudad Altamirano, estado de Guerrero, el periodista independiente Cecilio Pineda, de 38 años, que cubría temas sobre crimen organizado y colaboraba con distintos medios. En 2015 ya había sobrevivido a un ataque.

El 28 de marzo fue atacado a tiros el destino turístico de Los Cabos, Baja California Sur, Julio Omar Gómez, reportero de 911 Noticias. Desde el año pasado se encontraba bajo un protocolo de protección a periodistas, en la balacera murió su escolta y él tuvo que salir del estado para protegerse.

Gómez aseguró que lo han atacado por denunciar la complicidad entre autoridades y la delincuencia. Como parte de los ataques en su contra está también el habérsele querido atribuir relaciones con el narcotráfico.

Finalmente, el 29 de marzo, Armando Arrieta Granados fue atacado a tiros en el estado de Veracruz.

"Le dispararon casi a quemarropa", resaltó Jorge Morales, secretario ejecutivo de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas, quien precisó que la víctima recibió "varios impactos de un arma calibre 38 súper" y "tuvo que ser hospitalizado de emergencia".