ZTE, el gigante chino de telecomunicaciones, aceptó pagar una multa de 1.200 millones de dólares a Estados Unidos por haber exportado a Irán y Corea del Norte transgrediendo sanciones internacionales, dijeron el martes autoridades estadounidenses.
Entre 2010 y abril de 2016 ZTE engañó la vigilancia de las autoridades y vendió en cientos de millones de dólares material de telecomunicaciones a esos dos países que están en la lista negra de Estados Unidos, anunciaron los ministerios estadounidenses de Comercio, Tesoro y Justicia.
El fiscal general de los EEUU, Jeff Sessions, explicó que la empresa "no sólo violó los controles de exportación que mantener la tecnología estadounidense sensibles fuera de las manos de regímenes hostiles como Irán", sino que la compañía también "mintió a los investigadores federales e incluso engañó a sus propios asesores e investigadores internos sobre sus actos ilegales ".
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Según documentos legales, ZTE obtuvo los bienes prohibidos durante un período de seis años y los envió a clientes en Irán, sabiendo que las ventas violaban las sanciones. ZTE se declaró culpable y también asumió cargos ante los departamentos de Comercio y Tesorería.
La investigación, iniciada durante el mandato de Barack Obama involucró a los ministerios de Justicia, Comercio y Tesoro.
"Le estamos diciendo al mundo: se terminaron los juegos", dijo el secretario de Comercio Wilbur Ross en un comunicado. "Quienes desacaten nuestras sanciones económicas y normas sobre control de exportaciones, no saldrán impunes. Enfrentarán las más severas consecuencias", afirmó.
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"Con el liderazgo del presidente Trump aplicaremos agresivamente las políticas comerciales con el doble objetivo de proteger a la seguridad estadounidenses y a los trabajadores estadounidenses", añadió Ross
Los privilegios a las exportaciones de ZTE, la mayor compañía de telecomunicaciones de China y la cuarta del mundo– serán denegados por siete años "si algo de este acuerdo no se cumple", dice el comunicado.
La compañía aceptó operar durante tres años bajo vigilancia y someterse a un programa permanente de monitoreo corporativo que implicará "gran acceso" a los registros de la empresa.
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