La nueva versión del polémico veto migratorio del gobierno de Donald Trump a ciudadanos provenientes de una lista de países de mayoría musulmana ya no contemplará a Irak, según fuentes del gobierno de Estados Unidos citadas por la agencia AP.
La exclusión del país, que recibe un importante apoyo táctico y económico de Estados Unidos en su lucha contra el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS), es fruto de la presión ejercida por el Pentágono y el Departamento de Estado, dijeron cuatro funcionarios que se mantuvieron en el anonimato.
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Tras invadir Irak en 2003 y derrocar al dictador Saddam Hussein, Estados Unidos peleó junto con el nuevo gobierno iraquí una intensa guerra contra la insurgencia que culminó en 2011. Mientras el frágil país intentaba consolidarse, un nuevo actor, ISIS, conquistó en 2014 grandes extensiones de territorio en el norte y oeste del país y desde entonces el gobierno recupera territorio con el apoyo militar de Washington.
El primer ministro de Irak, Haider al Abadi, había rechazado el decreto y advertido de que tomaría medidas recíprocas, aunque las tensiones se redujeron cuando el mandatario asiático mantuvo reuniones posteriores con el secretario de Defensa norteamericano, Jim Mattis, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.
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De esta forma, el nuevo borrador reducirá la prohibición temporal, que en su primera versión fue suspendida por la Justicia, a seis países de mayoría musulmana: Irán, Siria, Yemen, Libia, Somalia y Sudán.
En tanto, los ciudadanos sirios ya no serán afectados por un veto de tiempo indefinido, sino que sufrirán la medida inicialmente por 120 días, como el resto de los integrantes de la lista.
A pesar de que los seis países tienen en común ser mayoritariamente musulmanes, el nuevo decreto no hará referencia a la religión en su justificación ni hará excepciones con minorías dentro de esas nacionalidades, tras haber recibido fuertes críticas de parte de la oposición de que la orden favorecía a los cristianos.
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La primera versión del texto fue firmada a fines de enero y causó de inmediato confusión e indignación, mientras miles de personas que provenían de la lista de países pero que trabajaban, vivían o estudiaban legalmente en Estados Unidos eran detenidas en los aeropuertos antes de ser devueltas a sus países.
En poco tiempo, el gobierno federal reconoció el error y permitió la entrada de los portadores de visas y green cards, pero finalmente un juez del estado de Washington bloqueó el decreto y, tras ser confirmado en un tribunal de apelaciones, éste dejó de tener efecto.
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