El ex presidente Alejandro Toledo ha sido localizado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) en los Estados Unidos y para su detención sólo falta la orden de un juez en ese país.
Una fuente del periódico Perú 21 en la Policía Nacional peruana informó que el FBI está a la espera de la orden para llevar a Alejandro Toledo "a una prisión y, una vez que esté culminado el proceso de extradición, llamarán a la Interpol de Perú para que lo trasladen al aeropuerto de EEUU y se lo lleven a su país".
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Luego de la orden de detención con Alejandro Toledo, en el marco del caso de los sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, se rumorea que el ex presidente está en San Francisco.
A través de la Cancillería peruana, el Ministerio Público ya remitió a Estados Unidos la solicitud para su detención preventiva.
Consultado sobre la ubicación de Toledo, el ministro del Interior peruano, Carlos Basombrío, respondió que hay temas que son "reservados". El 10 de febrero, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que había recibido información de que se encontraba en San Francisco.
En declaraciones a la prensa, Basombrío afirmó que el proceso de extradición contra el ex presidente ya se inició y subrayó que las acciones para concretar esta medida están en marcha. "Ya se está haciendo todo ese trabajo y siempre con la esperanza de que el pedido del presidente Pedro Pablo Kuczynski, de que sea deportado al Perú, se produzca", manifestó.
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Sobre Alejandro Toledo pesaría una pena de 18 meses de prisión preventiva por el caso Odebrecht. El ex presidente es acusado de haber recibido USD 20 millones en coimas de la empresa brasileña para facilitar la concesión de la carretera Interoceánica.
Humala se desliga de la red de Odebrecht
Por otro lado, el ex mandatario peruano Ollanta Humala rechazó haber recibido sobornos a cambio de conceder obras públicas a Odebrecht.
"No tenemos esas prácticas", dijo Humala este viernes a la prensa, tras acudir en calidad de testigo a una audiencia programada por la Fiscalía, que indaga presuntas irregularidades en la adjudicación de la construcción de un gasoducto a la firma brasileña, durante la gestión de Humala.
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Este caso marcha en paralelo a las investigaciones por el pago de sobornos de firmas brasileñas a funcionarios de Perú a cambio de obras públicas, en el denominado caso "Lava Jato" que inició en Brasil y contamina a toda Latinoamérica.
En 2008, durante la gestión del ex presidente Alan García, se puso en concesión la construcción de un gasoducto en el sur del país, por un monto inicial de USD 1.300 millones. Aunque en 2014, durante el gobierno de Humala, se entregó la obra al consorcio integrado por Odebrecht, la española Enagas y la local Graña y Montero. El costo se elevó a USD 7.000 millones.
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Humala recordó que "según las pericias del Ministerio Público, no hay ningún perjuicio económico al Estado, porque el Estado no le ha dado ni un sol al consorcio", pues se trata de una inversión privada.
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