Los defensores de los derechos de los migrantes lograron su primer round frente a Donald Trump luego de que la Justicia bloqueara, en parte, un decreto del Gobierno para impedir el ingreso de musulmanes a los Estados Unidos.
Varias organizaciones, entre ellas la poderosa Unión estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), habían interpuesto una demanda judicial contra el decreto promulgado el viernes por el mandatario, que ha hecho de la restricción a la inmigración uno de sus principales caballitos de batalla.
El decreto suspende la acogida de refugiados musulmanes durante 120 días, así como el ingreso por 90 días de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen, mientras se revisan los criterios de admisión.
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Las organizaciones defensoras de los derechos civiles consideran la medida discriminatoria, pues se aplica a personas que tienen los documentos en regla.
Invocan la quinta enmienda al considerar que el Gobierno no puede decidir arbitrariamente sobre la validez de sus papeles y que necesariamente se requiere una decisión de la Justicia.
La aplicación del decreto desde la noche del viernes tomó por sorpresa a viajeros que ya habían abordado sus vuelos o estaban listos para abordar.
Decenas de pasajeros -entre 100 y 200 según The New York Times– se vieron retenidos a su arribo a los Estados Unidos y amenazados de deportación.
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La jueza federal de Nueva York Ann Donnelly impidió al Gobierno expulsar a esos pasajeros tras una audiencia de urgencia realizada en la noche del sábado.
Pese a que el asunto está lejos de estar terminado y que una nueva audiencia tendrá lugar en febrero, "es importante que ninguna persona vaya a ser devuelta al avión", dijo Lee Gelernt, abogado de la ACLU, a la salida del tribunal.
Asimismo, indicó que la jueza ordenó al Gobierno comunicar la lista de todas las personas retenidas en los aeropuertos del país desde la noche del viernes.
Ello permitirá a las asociaciones actuar en favor de todas los afectados, precisó.
Una jueza federal de Virginia anunció una decisión similar que alcanza a los pasajeros del aeropuerto de Dulles, cerca de Washington D. C., dijo el diario The Charlotte Observer.
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Las organizaciones presentaron la demanda el sábado en la mañana, tras la detención la noche del viernes de dos iraquíes en el aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York, pese a que contaban con documentación en regla.
Uno de ellos trabajó para el gobierno estadounidense en Irak durante 10 años y el otro vino a Estados Unidos a reunirse con su esposa, que trabaja para una empresa contratista estadounidense, señaló la demanda.
Tras la presentación de la querella y luego de que Trump dijera que la aplicación del decreto "está funcionando muy bien", las organizaciones llamaron a protestar en el JFK y en varios otros aeropuertos del país, como Chicago, Minneapolis, Denver, Los Ángeles, San Francisco y Dallas.
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Miles de personas respondieron a la convocatoria, mientras que otros saludaron en las redes sociales la aplicación del decreto, dejando muy patente la polarización que hay en el país.
Los representantes demócratas de Nueva York en el Congreso, Jerry Nadler y Nydia Velasquez, se unieron a la protesta en el estacionamiento del JFK y negociaron todo el día con la policía aeroportuaria.
Obtuvieron la liberación de uno de los iraquíes, Hameed Khalid Darweesh, que trabajó para empresas estadounidenses y en el consulado en Erbil; los manifestantes lo recibieron al grito de "Bienvenido a casa", "¡Los musulmanes son bienvenidos!, ¡Ni odio, ni miedo!".
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Esta movilización y este primer fallo judicial auguran una larga batalla entre los defensores de los inmigrantes y el gobierno de Trump.
"Es la primera salva dentro de una larga batalla frente a los tribunales", consideró Michael Kagan, especialista en derecho de la inmigración de la Universidad de Nevada.
"Desde la elección nos preparamos para una guerra en las trincheras de los tribunales. Hubo muchas especulaciones sobre lo que Trump realmente quiso decir, si los tecnócratas del Gobierno lo iban a moderar (…) parece que está haciendo literalmente lo que dijo que iba a hacer".
Para este jurista, la conclusión de esta batalla legal es incierta porque es algo "sin precedente en la historia reciente estadounidense".
El resultado de la batalla dependerá de la actitud de los jueces y podría llegar hasta la Corte Suprema, que no ha tenido que resolver asuntos de inmigración de este tipo desde la Ley de exclusión de los Chinos (Chinese Exclusions Act) adoptada en 1882.
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(Con información de AFP)
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