El juez Sergio Moro negó los primeros recursos intentados por la defensa del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva contra el fallo que lo condenó a nueve años y medio de prisión por corrupción.
En la acción negada por el magistrado, la defensa demandaba que fueran corregidas diversas "omisiones" en los autos del proceso, que se fundamenta en la supuesta entrega a Lula de un apartamento en el balneario paulista de Guarujá por parte de la constructora OAS, a cambio de presuntos "favores políticos" hechos por el exmandatario.
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Según la defensa, existen documentos que fueron presentados al tribunal y desconsiderados por Moro, entre los cuales cita desde declaraciones de testigos hasta certificados que probarían que la verdadera propietaria del inmueble sigue siendo la constructora.
En la decisión proferida este martes, Moro sostiene que "no existen ni omisiones, ni oscuridades, ni contradicciones en la sentencia", que ha sido dictada en primera instancia y aún deberá ser analizada por un tribunal superior.
También señaló que la defensa del expresidente "permanece omisa al no esclarecer cuáles documentos o contratos estarían faltando en los autos" que llevaron a dictar la pena, por los supuestos delitos de corrupción y lavado de dinero.
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Lula ha negado los cargos y proclama su inocencia casi a diario, como hizo este mismo martes en una entrevista con la radio Capital, de San Pablo, en la cual aseguró que demostrará en la segunda instancia la "equivocación" del juez Moro.
"Quiero probar que Moro erró, que mienten demasiado" sobre su presunta culpabilidad, declaró el expresidente, quien afirmó que el juez "se comporta como un zar, que hace lo que quiere, cuando quiere y sin respeto al derecho democrático o la constitución".
Las próximas apelaciones que presentará la defensa de Lula serán dirigidas a un tribunal federal regional con sede en la sureña ciudad de Porto Alegre, que juzgará el asunto en segunda instancia.
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De ese segundo fallo dependerá una eventual candidatura de Lula en los comicios previstos para octubre de 2018, ya que si fuera ratificada la condena antes de comenzar el proceso electoral, la ley le impediría explícitamente postularse a cualquier cargo público.
El exmandatario anunció su intención de aspirar nuevamente a la presidencia en las elecciones previstas para octubre de 2018 una vez que fue condenado por el juez Moro, pero ello dependerá ahora de la segunda instancia penal, que suele demorar entre uno y dos años para pronunciarse.
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