Colombia y las FARC: los desafíos para la paz después de la firma

"La guerra ha terminado", afirmó el pasado 24 de agosto Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno colombiano. Tras cuatro años de intensas negociaciones en La Habana, Colombia y las FARC llegaron a un acuerdo para cerrar el conflicto que desgarró al país durante 52 años, en los que se estima que murieron 260 mil personas.

El pacto incluyó un cese del fuego bilateral y definitivo, y una hoja de ruta que establece cómo se avanzará en algunos puntos críticos: reforma agraria, participación política de los guerrilleros, combate al narcotráfico, resarcimiento de las víctimas, el juicio por los crímenes cometidos durante la guerra, el abandono de las armas por parte de los rebeldes y el blindaje jurídico a todo lo acordado.

Este repaso muestra que la lucha está muy lejos de haber terminado. Las partes recién acaban consensuar cómo llegar a una paz duradera. Ahora empieza el desafío mayor, que es desandar ese camino, que estará repleto de amenazas.

"El Gobierno y las FARC deben pasar de lo dicho a lo hecho, de las palabras a las acciones. Implementar los acuerdos es una tarea muy compleja y ambas partes tendrán que demostrar no sólo su compromiso político, sino su capacidad de gestión", dijo a Infobae Kristian Herbolzheimer, director del Programa de Transiciones para la Paz en Filipinas y Colombia de la organización Conciliation Resources.

El plebiscito

El primer reto es tan importante que podría tirar todo por la borda. La ciudadanía colombiana tendrá que decidir si ratifica o no lo pactado en un plebiscito convocado para el próximo 2 de octubre. Si llegara a ganar el no se entraría en un limbo de incertidumbre muy peligroso.

"La realidad es que Colombia ha estado dividida a la mitad durante todo este proceso. Seguramente vamos a tener una campaña muy agria, aunque afortunadamente corta. Pero pienso es que la mayoría de los colombianos han venido mostrando que quieren la paz. Y parece un contrasentido que ahora vayan a votar mayoritariamente en contra de esta paz. Creo que al final del día, ante la expectativa no menor de que se acaben las FARC, vamos a terminar respaldando el acuerdo", afirmó María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, en diálogo con Infobae.

¿Qué pasaría si, a pesar de todo, las ciudadanos se oponen al pacto? No parece lo más probable, pero es algo que se pregunta todo el país.

"Si gana el no —continuó Llorente— sería un obstáculo gigantesco, porque no se va a contar con la legitimidad que requiere un acuerdo de esta magnitud. En términos estrictos no se caería, y algunos líderes de las FARC han dicho que no se echarían para atrás. Pero sería muy difícil que se siga implementando en los siguientes gobiernos si no hay un respaldo social. Quedaría un acuerdo con una legitimidad absolutamente precaria.

El dilema del narcotráfico

"Las FARC están plenamente involucradas en el narcotráfico. La pregunta es si continuarán en él mediante estructuras de fachada que aparentemente aparecerán como 'disidencias'. Las Fuerzas Armadas son la única garantía de que no habrá complacencias ni tolerancias ante la continuidad de la violencia disfrazada. Lo que no se sabe es cuánto esté dispuesto a tolerar el Gobierno en caso de que las FARC incumplan soterradamente", explicó Vicente Torrijos, profesor de ciencia política y relaciones internacionales en la Universidad del Rosario, en diálogo con Infobae.

El tráfico de drogas es desde hace muchos años la principal fuente de recaudación de la organización armada. Empezó siendo un medio para financiar la guerra, pero se terminó convirtiendo en un gran negocio para algunos subgrupos. Por eso hay muchas dudas en cuanto a que se pueda lograr que todos abandonen esta actividad tan rentable.

"Al nivel de los líderes, que vieron en el narcotráfico una forma pragmática de financiar su guerra, creo que sí, definitivamente van a abandonarlo. Saben que los ha perjudicado políticamente. Ya han comenzado programas piloto de sustitución de cultivos en áreas que antes estaban bajo su control", dijo a Infobae Sophie Haspeslagh, investigadora de la London School of Economics and Political Science, especializada en procesos de paz.

Otro es el panorama entre los mandos medios y bajos, que están directamente a cargo del negocio. Hace tiempo que distintos informes con los que cuenta el Estado muestran que el nivel de control de la cúpula sobre estos sectores es limitado.

"Puede haber divisiones o grupos de individuos que se rehúsen a seguir las directivas de los líderes —continuó Haspeslagh—. Pero el mayor riesgo proviene del vacío que dejarán las FARC, con un cierto número de bandas criminales compitiendo por el control de la droga. Esto es particularmente preocupante en un contexto en el que la producción de coca se incrementó un 39% el año pasado".

También hay que tener en cuenta que son muchas las personas vinculadas a las FARC que viven del narcotráfico. Aunque estén dispuestas a plegarse al compromiso asumido, la situación se volverá insostenible si no encuentran alguna actividad alternativa de la que subsistir.

"El mayor obstáculo es socioeconómico, pues se trata de ofrecer alternativas viables de trabajo para sustituir tal actividad. En este caso la negociación debe incorporar acciones claras para los empresarios, que en definitiva deben invertir para lograr la política de sustitución, de lo contrario cualquier implementación puede ser ineficaz", explicó el abogado Jaime Sandoval Mesa, experto en justicia penal nacional e internacional de la Universidad Santo Tomás, consultado por a Infobae.

La integración de los guerrilleros a la sociedad

"Se estima que las FARC tienen 7.000 combatientes y unos 8.000 milicianos que harán la transición —dijo Haspeslagh—. Muchos de ellos han estado aislados, viviendo una vida de guerra y supervivencia en la jungla. Las 23 zonas de normalización fueron pensadas para permitirles deponer sus armas en un lapso de 180 días, mientras preparan su reintegración a la sociedad".

El Gobierno tendrá que participar activamente de ese proceso para que sea exitoso. Por lo pronto, se comprometió a pagarles a los desmovilizados un subsidio mensual equivalente a un 90% del salario mínimo (620 mil pesos colombianos, que son 207 dólares), durante dos años. Para la integración política, se le garantizarán a la guerrilla cinco bancas en el Congreso y en el Senado por dos períodos legislativos.

A este apoyo, que ayudará a una integración económica y social, hay que sumarle uno que permita una incorporación a la vida social del país. "Muchos miembros de la guerrilla no han conocido otra vida que la de la guerra, y esto crea graves problemas sociales, que requieren intervención clínica, no sólo económica. Por ejemplo, se conocen casos de menores en el conflicto con gran capacidad de sicariato. Este solo evento amerita una intervención psicosocial, no sólo económica. Otro gran desafío se relaciona con la educación, pues muchos necesitan acceso a programas técnicos y profesionales", dijo Sandoval Mesa.

Es todo un desafío, que pasa por modificar la mentalidad de millones de personas. Porque el cambio no sólo será mayúsculo para los guerrilleros, lo será para toda la población, que se acostumbró a vivir en guerra.

"Nos enfrentamos al reto de una transformación cultural individual y colectiva para desaprender la violencia —dijo Herbolzheimer—. Después de décadas de guerra la sociedad ha llegado a normalizar la violencia con imaginarios y actitudes que son incompatibles con el esfuerzo de construcción de paz y convivencia que requiere el país".

De todos modos, muchos son optimistas en este proceso, porque no es la primera vez en la historia colombiana que los miembros de una organización armada abandonan la lucha y se integran a la sociedad.

"Colombia tiene una enorme experiencia en reintegración. En el proceso de desmovilización de los paramilitares, entre 2003 y 2006, hemos conformado un programa muy reputado a nivel internacional, por el cual han pasado por lo menos 50 mil ex combatientes entre paramilitares y guerrilleros que se desmovilizaron individualmente. Allí hay una ruta en términos de capacitación para el trabajo y apoyo psicosocial. Es complicado, pero de todos los desafíos que tenemos es el menor", concluyó Llorente.

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