El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) informó que familiares de reclusos denuncian que les están cobrando cuotas de entre 50 y 100 dólares, “supuestamente destinadas a financiar reparaciones en las instalaciones carcelarias”.
“De acuerdo con los testimonios recabados, los internos comunican estas exigencias a sus familiares mediante llamadas telefónicas o durante las visitas. En algunos casos, presuntamente son los propios funcionarios de custodia quienes contactan a los parientes, les proporcionan los datos bancarios para realizar las transferencias y les ordenan transmitir la información a otras familias”, señala el OVP.
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Los afectados cuentan que pretenden justificar los cobros “con la necesidad de comprar pintura para una cancha deportiva, reparar talleres, comedores, techos y paredes, entre otras áreas de los establecimientos penitenciarios”.
Los familiares temen represalias por no poder entregar el dinero exigido. La pariente de un penado expresó: “Nosotros hacemos un gasto semanal para viajar a los lugares donde están las cárceles, para traerles algo de comida, son muchos los gastos y la gran mayoría son personas que no tienen los recursos económicos. A esa gente no le importa si no tenemos, saben que somos pobres y aún así nos siguen sacando plata”.
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Extorsión
El OVP destaca que desde su ingreso a estos recintos, “los reclusos deben pagar cuotas de entre 5 y 12 dólares para acceder al agua potable. También se les cobra por recibir alimentos que las autoridades penitenciarias denominan delicateses, aunque en realidad se trata de productos básicos como las proteínas. A esto se suman denuncias de cobros por visitas conyugales, traslados y trámites dentro de algunos establecimientos penitenciarios”.
El director de la ONG, Humberto Prado, rechazó “las reiteradas prácticas de extorsión, cobros indebidos y abuso de poder perpetradas por funcionarios, quienes exigen sumas de dinero a los reclusos bajo la promesa de rehabilitar áreas deportivas o garantizar condiciones básicas que son responsabilidad exclusiva del Ministerio Penitenciario”.
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Prado adelantó que presentarán estos casos ante la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, para que investiguen los hechos. “Estas acciones constituyen delitos graves de concusión, corrupción y violación de los derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución, afectando la dignidad y la integridad de quienes se encuentran bajo la custodia del sistema penitenciario”, enfatizó.
El portavoz del OVP responsabilizó al titular del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, “por cualquier acto de hostigamiento, represalia o vulneración de la integridad física y psicológica que puedan sufrir los reclusos como consecuencia de esta denuncia pública y de las acciones legales que se emprendan”.
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En estos momentos el gobierno interino de Delcy Rodríguez desarrolla una consulta nacional con el fin de reformar el sistema de justicia penal, luego de que la misma presidenta encargada admitiera que está minado por la corrupción, el retardo procesal y prácticas que terminan castigando especialmente a los más pobres.
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