La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció la muerte de dos hombres en el Centro Penitenciario Fénix, ubicado en el estado Lara, al este de Venezuela. Con estos casos, la organización eleva a 36 el número de personas fallecidas bajo custodia del Estado venezolano desde abril.
Uno de los internos murió por tuberculosis y el otro por un cuadro de deshidratación y diarrea. El OVP responsabilizó al “régimen venezolano” por ambas muertes y afirmó: “Quien está privado de libertad no decide cuándo acudir a un médico, no puede adquirir sus medicamentos ni trasladarse a un hospital cuando su estado de salud se deteriora”.
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La organización detalló que las cárceles en el país, recientemente golpeado por dos terremotos, se enfrentan a escasez de agua potable, mala alimentación, falta de medicamentos, ausencia de atención médica permanente y el incumplimiento de las Reglas Mandela, que exigen un nivel de atención sanitaria equivalente al de la población general.
“En ese sentido, cada muerte bajo custodia constituye una grave violación de derechos humanos y compromete la responsabilidad internacional del Gobierno venezolano”, señaló el OVP.
El pasado 7 de julio, la ONG reportó el fallecimiento de cinco personas bajo custodia estatal en cárceles de los estados Zulia, Carabobo, Lara y Táchira. Durante junio, el OVP indicó que 181 presos murieron en cárceles y calabozos venezolanos en 2025, la mayoría por falta de atención médica. El informe anual de la organización alertó que esta cifra representa un aumento de más del 50 % respecto al año anterior.
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De acuerdo al observatorio, el registro cubre el 85% de los centros de detención del país. La ONG detalló que 158 muertes ocurrieron en cárceles y 23 en calabozos policiales y que 151 de los decesos se debieron a la falta de atención médica. Entre las principales causas de muerte, el OVP citó afecciones cardiovasculares, cardiorrespiratorias, respiratorias, fallo multiorgánico y shock hipovolémico.
En paralelo, al menos 11 ONG y familiares de presos políticos solicitaron a las autoridades de Venezuela autorizar una inspección independiente y transparente de la infraestructura carcelaria, tras el doble terremoto ocurrido hace un mes atrás.
En un comunicado conjunto firmado por Provea, Defiende Venezuela, Cofavic, Justicia Encuentro y Perdón, Caleidoscopio Humano, Un Mundo Sin Mordaza, Voces de la Memoria, Foro Penal, Civilis, Acceso a la Justicia y Cepaz, las ONG exigieron al Estado venezolano “permitir la evaluación técnica independiente y transparente de la infraestructura de los centros de reclusión que pudieran haber resultado afectados por los recientes eventos sísmicos”. El documento fue presentado en una rueda de prensa en la que también se reclamó la libertad de los presos políticos.
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Las organizaciones instaron a que se permita el ingreso “inmediato” de organismos internacionales de derechos humanos y de asistencia humanitaria, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. Además, reclamaron el acceso regular de familiares y abogados a las cárceles, así como atención médica oportuna y la provisión de información pública y transparente sobre la situación en los centros penitenciarios.
El objetivo de estas solicitudes es que se pueda constatar el estado de las instalaciones y las condiciones de salud de los reclusos. “La emergencia humanitaria que vive Venezuela no puede utilizarse para relegar la agenda de derechos humanos. Por el contrario, confirma que la protección de la vida depende del restablecimiento de las garantías constitucionales, del funcionamiento de las instituciones y del respeto irrestricto a los derechos fundamentales”, afirmó Martha Tineo, directora de Justicia, Encuentro y Perdón.
(Con información de EFE)
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