Cirilo Fernández tenía miedo de hablar sobre la muerte de su sobrino, preso político muerto bajo custodia de las fuerzas del orden venezolanas. Pero cuando vio el féretro llegar a casa, la sensación de impotencia lo obligó a romper el silencio.
Edilson Torres, de 52 años, era policía del estado Portuguesa (oeste). Fue detenido en diciembre por enviar mensajes críticos al régimen de Nicolás Maduro. Falleció la semana pasada en Caracas.
“Creo que mi vida está en peligro también (pero) estoy consternado con la muerte de mi sobrino”, dice Cirilo Fernández a la AFP en Guanare, capital de Portuguesa, donde Torres Fernández fue arrestado.
Le acusaron de traición a la patria. Sus familiares aseguran que estuvo incomunicado en prisión hasta el momento en que fue trasladado al hospital donde murió, según las autoridades, por un infarto. “Estoy muy dolida, pero en pie de lucha”, asegura su hermana Emelyn Torres, que se confiesa aterrorizada.
El velorio se realizó en su casa, adonde llegaron decenas de amigos, parientes e incluso colegas de la policía para rendir homenaje. El pánico es tan evidente como la tristeza en el funeral: la gente murmura, evita conversar. La muerte de Torres ocurrió apenas días después de la caída de Maduro en un bombardeo de Estados Unidos a Venezuela.
Y bajo presión de Washington, el gobierno interino de Delcy Rodríguez anunció la liberación de presos políticos, de los que, según oenegés, hay entre 800 y más de 1.000.
Emelyn Torres recorrió junto al féretro los 430 km de carretera desde Caracas. “Yo tenía mucha fe que me iba a traer vivo a mi hermano”, cuenta. “Pero tenía que pasar esto para que liberaran a los otros”.
Las excarcelaciones, no obstante, se producen a cuentagotas. El gobierno de transición habla de 116, pero las organizaciones especializadas como Foro Penal reportan 56 hasta ahora.
Mensajes de WhatsApp
La familia dice que Edilson Torres llevaba dos décadas trabajando para la policía de Portuguesa. El 4 de diciembre, día de su cumpleaños, efectivos de otro cuerpo de seguridad llegaron a casa buscándolo, recuerda Edilmar Torres, la tercera de sus cuatro hijos, de 17 años.
“Llegó el policía y nos preguntaba que dónde estaba él”, narra. Los efectivos lo esperaron y se lo llevaron con el argumento de que necesitaban ayuda para lavar un aire acondicionado. No generó alarma porque era una actividad que hacía en sus ratos libres. Su hija intentó llamarlo al ver que pasaba el tiempo, pero había dejado el teléfono.
Dos policías volvieron por el celular y le informaron que estaba detenido “porque le habían encontrado unos mensajes que tenía en los grupos esos (de WhatsApp) de los policías, que hablaban mal del gobierno”. “Y de ahí no supe más de mi papá”, añade.
Edilmar Torres intenta mantener la compostura mientras busca pan, junto a su hermano de 15 años, para ofrecer a las decenas de personas que se agolparon en la casa de su tía para el velorio. Pero cuando el féretro llegó, antecedido por una caravana de motorizados, rompió en un llanto desgarrador.
El ataúd, cubierto por una bandera de Venezuela y un pendón de un grupo motorizado amigo, está dispuesto en la sala. En una fila improvisada, las personas se suceden para ver su rostro una última vez, entre ellos su abuela de 90 años y Cirilo Fernández, que en medio de la conmoción estima que la muerte de su sobrino fue “violenta” y responsabilidad del Estado.
Quiebra su silencio autoimpuesto. “No es él nada más, hay varios”, sentencia en alusión a otros casos de personas fallecidas durante su detención. Según organizaciones de defensa de los derechos humanos, desde 2014 han muerto 18 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano.
(AFP)