“Resistencia y anarquización”: cómo es el plan de Maduro ante un eventual ataque que sus propios militares admiten que no podrían repeler

En las últimas semanas la escalada de tensiones en el Caribe volvió a colocar a Venezuela en el centro de la geopolítica regional. Washington ha aumentado su presencia naval y realizado ataques contra buques que señala como vinculados al narcotráfico, mientras en Caracas el régimen de Nicolás Maduro ensaya discursos y maniobras que buscan proyectar preparación ante una eventual intervención extranjera, según documentos de planificación y fuentes militares consultadas por Reuters.

Esa preparación, sin embargo, convive con una realidad operativa marcada por la precariedad: fuerzas mal pagadas, equipo envejecido y falta de entrenamiento. Esa doble imagen —exhibición pública de arsenales y debilidad estructural— atraviesa la estrategia que el régimen ha ido construyendo en los últimos años.

El régimen venezolano ha diseñado, según los documentos y fuentes militares, dos líneas de respuesta en caso de un ataque. La primera es una “resistencia prolongada” que implicaría la dispersión de unidades pequeñas en más de 280 puntos del país para llevar a cabo sabotajes y acciones de desgaste. La segunda, denominada “anarquización”, se apoyaría en simpatizantes armados del partido oficialista y colectivos para provocar desorden urbano y dificultar el control territorial por parte de fuerzas externas. Ambos enfoques aparecen en planes fechados entre 2012 y 2022.

Varios pasajes de esos documentos instructivos son explícitos sobre tácticas y logística: posicionamiento de ametralladoras y lanzagranadas, uso del fusil AK-103 y técnicas de orientación sin tecnología. Una orden militar señala que “al recibir el primer ataque de los estadounidenses, todas las unidades deben dispersarse o replegarse con sus armas a diversos puntos”.

En la retórica oficial abundan las proclamaciones. Maduro ha dicho que los misiles portátiles y sus “miles” de operadores están desplegados “hasta en la última montaña, hasta en la última ciudad”. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, afirmó en televisión: “Ellos creen que con un bombazo se acaba todo… ¿Una sola bomba? No, no es así”. Y el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, aseguró que hay “un Estado fuerte para dar respuesta eficaz contra cualquier agresión imperialista”.

Pero fuentes internas consultadas por Reuters subrayan lo contrario: “no estamos preparados ni profesionalizados para un conflicto. Ellos (el gobierno) tratan de simular y decir que sí, pero no, no estamos preparados contra una de las mayores potencias y uno de los ejércitos mejor preparados a nivel mundial”. Otra fuente añadió, con crudeza sobre las capacidades en un enfrentamiento convencional: “En una guerra convencional no pasamos las dos horas, por eso se integró la milicia (…) se plantea es una guerra no convencional”. Esas admisiones internas están entre las piezas que explican por qué la estrategia oficial se orienta a formas irregulares de resistencia.

La condición material de las fuerzas es un factor clave. Reuters recoge que los soldados rasos perciben alrededor de 100 dólares mensuales, frente a una canasta básica estimada en unos 500 dólares, y que algunos comandantes han debido negociar con productores locales para abastecer a sus tropas. El régimen contaría con unos 60.000 efectivos entre Ejército y Guardia Nacional y estima movilizar entre 5.000 y 7.000 civiles armados y milicianos en escenarios de desorden; fuentes consultadas, no obstante, cuestionan la eficacia y la escala real de esa movilización.

El parque armamentístico, en su mayoría adquirido en la década de 2000 a Rusia, también presenta limitaciones operativas. Venezuela dispone de cerca de veinte cazas Sukhoi, helicópteros, tanques y unos 5.000 misiles Igla-S portátiles, pero analistas y militares señalan obsolescencia y carencia de mantenimiento. En Moscú, el Ministerio de Relaciones Exteriores declaró su disposición a asistir con reparaciones, modernización de radares y suministro de sistemas de misiles, reforzando la relación militar entre ambos gobiernos, al tiempo que negó que las autoridades venezolanas les hayan solicitado ayuda militar en pleno aumento de las tensiones con Estados Unidos.

Para entender la lógica del régimen conviene separar dos efectos buscados: uno, la capacidad real de combate; otro, la disuasión política. Analistas consultados por Reuters, como Andrei Serbin Pont, sostienen que la exhibición de arsenales y ejercicios tiene un propósito disuasorio: advertir sobre el costo político y social de una intervención, es decir, proyectar la posibilidad de que armamento y grupos afines contribuyan a una espiral de violencia y caos. “El mensaje no es capacidad militar real, sino disuasión por caos”, dijo Serbin Pont.

En suma, la estrategia del régimen de Maduro apunta a evitar una derrota rápida mediante tácticas no convencionales y la movilización de actores civiles armados; al mismo tiempo, parte de la propia planificación reconoce la inferioridad frente a la potencia militar estadounidense. Esa contradicción —entre la teatralidad de los arsenales y la fragilidad operativa real— define el plan: no ganar una guerra convencional, sino elevar los costos políticos y logísticos de cualquier intervención prolongada.