En América Latina, el exilio forzado por razones periodísticas tiene nombre y apellido: Venezuela, Nicaragua y Cuba. Estos tres países concentran el 92,3 % del total de periodistas exiliados en la región, según cifras recientes difundidas por organizaciones de defensa de la libertad de prensa.
El dato, incluido en el informe Voces desplazadas: radiografía del exilio periodístico latinoamericano 2018-2024, expone una tendencia alarmante: la criminalización del periodismo, el cierre del espacio cívico y la represión estatal directa han convertido al oficio en una actividad de alto riesgo. Elaborado por la Universidad de Costa Rica, junto a Fundamedios, la Cátedra Unesco UDP de Chile y la Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero, el estudio documenta al menos 477 periodistas venezolanos exiliados, seguidos por 268 nicaragüenses y 98 cubanos. La mayoría ha sido obligada a huir por razones estrictamente vinculadas al ejercicio profesional.
En Venezuela, la salida masiva de comunicadores no solo ha vaciado redacciones y emisoras: ha dejado tras de sí zonas de silencio y desiertos informativos. La censura sistemática, el bloqueo de medios digitales, las detenciones arbitrarias y el acoso institucional han desmantelado el ecosistema informativo. La consecuencia es un vacío que agrava la desinformación y vulnera el derecho ciudadano a la información veraz. Venezuela se ha convertido en el epicentro del desplazamiento periodístico regional.
En Nicaragua, la represión se intensificó tras las protestas sociales de 2018. El régimen de Daniel Ortega ha clausurado medios, confiscado bienes, perseguido judicialmente a periodistas y nacionalizado la censura. Numerosos comunicadores han sido acusados de conspiración y obligados al destierro, incluso despojados de su nacionalidad. El caso del diario La Prensa —cuya redacción fue allanada y cuyos directivos fueron encarcelados— resume el deterioro de las condiciones para informar en el país.
En Cuba, el periodismo independiente enfrenta desde hace décadas un entorno de represión institucionalizada. El auge de medios digitales alternativos desató una nueva ola de hostigamientos. Citaciones policiales, arrestos domiciliarios, vigilancia constante y prohibiciones de salida del país han obligado a decenas de periodistas a emigrar. Medios como 14ymedio, El Estornudo o ADN Cuba han sido blanco frecuente de estas medidas.
Según el informe, en estos contextos la persecución a la prensa es encabezada por el Poder Ejecutivo. La ausencia de contrapesos democráticos facilita el uso de instituciones estatales para hostigar y criminalizar a periodistas. Las estrategias incluyen restricciones legales, campañas de desinformación, acoso digital y detenciones arbitrarias que derivan en el exilio. “En países como Venezuela, Nicaragua, Cuba o El Salvador la persecución y la estigmatización es liderada por el Poder Ejecutivo”, concluye el estudio.
Salir de estos países tampoco es fácil. Numerosos testimonios reportan confiscación de pasaportes, retención de documentos y detenciones en puestos migratorios. Por eso, muchos periodistas optan por rutas irregulares, exponiéndose a nuevos riesgos para evitar ser identificados como críticos del régimen. En el caso venezolano, es común que el desplazamiento ocurra en dos etapas: primero a países de tránsito como Colombia, luego a destinos más estables como Estados Unidos, Argentina, Chile o España.
El impacto del exilio no se limita a quienes huyen. La salida de periodistas deja a la población sin fuentes confiables, consolida el monopolio informativo estatal y normaliza la censura. Además, muchos comunicadores desplazados deben abandonar la profesión por las trabas legales, económicas o administrativas en los países de acogida. La mayoría enfrenta precariedad, discriminación y secuelas emocionales asociadas al desarraigo y el miedo.
Aunque el fenómeno no es nuevo, se ha intensificado con el endurecimiento autoritario y el colapso institucional. La Asociación de Periodistas Venezolanos en el Extranjero estima que más de 1.000 comunicadores han salido del país en la última década. Muchos forman parte del mayor éxodo humano contemporáneo de América Latina: más de 7,7 millones de personas han abandonado Venezuela.
A pesar de todo, muchos periodistas continúan informando desde el exilio, impulsando medios digitales, colaborando con redes internacionales y documentando abusos de poder. Su trabajo, a la distancia y en condiciones adversas, es un acto de resistencia. “Nos quitaron el país, pero no la palabra”, resume una reportera nicaragüense desde Costa Rica. Esa frase sintetiza el costo y el compromiso de un periodismo que, incluso en el exilio, se niega a desaparecer.