La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos denunció este miércoles el “amedrentamiento” por parte de agentes policiales durante una manifestación de familiares de presos políticos y otros detenidos, en su mayoría en el contexto de las protestas tras la fraudulenta reelección de Nicolás Maduro en los comicios de julio de 2024.
“Agentes del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), portando armas de fuego, grabaron y tomaron fotografías de los manifestantes en un acto de intimidación y hostigamiento que busca silenciar las denuncias y vulnerar el derecho a la protesta”, aseguró la organización a través de X.
En este sentido, afirmó que estos funcionarios “amedrentaron a madres, familiares y amigos de presos políticos”, mientras —agregó— “protestaban pacíficamente y entregaban un documento en la Defensoría del Pueblo”, como parte de una manifestación que comenzó este lunes y finalizará este viernes en defensa de los detenidos.
“Este tipo de prácticas revictimiza a quienes siguen sufriendo por la represión y exigen justicia, ignorando lo establecido en la Constitución de Venezuela, que prohíbe la presencia de funcionarios armados en manifestaciones pacíficas y garantiza el derecho de los ciudadanos a expresarse sin miedo a represalias”, indicó la ONG.
La organización no gubernamental exigió el “cese inmediato de estas prácticas de amedrentamiento” y pidió el “respeto a los derechos fundamentales de quienes luchan por justicia y libertad”.
Esta denuncia se da en el marco de la protesta ‘Ruta por la justicia y libertad’ —organizada por familiares de los arrestados y activistas de derechos humanos—, que incluye en su recorrido, entre otros lugares, las sedes de la Defensa Pública, del Ministerio del Servicio Penitenciario y la Fiscalía en Caracas.
Por otra parte, familiares de políticos y personas detenidas pidieron el lunes que se permita el nombramiento de “abogados de confianza” que representen a sus parientes, al advertir —lo que consideran— un “conflicto de intereses” por parte de los defensores públicos que designa el régimen chavista.
Sol Ocariz, hermana del detenido Edward Ocariz, fue una de las voceras de una veintena de personas que se congregó a las afueras del Palacio de Justicia, en Caracas, en el inicio de una serie de protestas que protagonizará durante esta semana la denominada “Ruta por la justicia y libertad”.
“Sin abogado de confianza, el detenido queda a merced del defensor público impuesto, quien es funcionario de un Estado que viola sus derechos humanos, lo cual hace latente un conflicto de intereses para ejercer la defensa”, señaló un documento leído por Ocariz y dirigido en esta primera jornada a la presidenta del Circuito Judicial Penal de Caracas, Katherine Harrington.
El texto alertó sobre las “violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales” y, en nombre de organizaciones y familiares, demandó “acciones concretas que conduzcan a la liberación inmediata” de los detenidos, la mayoría de ellos arrestados en el contexto de las protestas poselectorales contra la fraudulenta victoria que proclamó el ente electoral a favor de Maduro.
En el documento se asegura que los detenidos han sufrido “un conjunto de patrones sistemáticos y masivos de vulneraciones de derechos humanos”, entre los que cita “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y negación del derecho a la defensa y al debido proceso”.
Tras las presidenciales de julio, se desató una crisis por la denuncia de fraude de la mayor coalición opositora, tras el triunfo en las elecciones de Edmundo González Urrutia, de acuerdo con las actas presentadas como prueba.
En este contexto, fueron detenidas más de 2.400 personas, de las cuales casi 1.900 han sido excarceladas después de una revisión de medidas ante la Justicia, según la Fiscalía, cifras que la ONG Foro Penal —que lidera la defensa de los considerados “presos políticos”— asegura no haber confirmado.
Foro Penal contabilizaba, hasta el pasado 17 de febrero, un total de 1.061 personas que considera como “presos políticos”, entre los que cuenta a detenidos de antes y después de las elecciones de julio pasado, mientras que la Fiscalía y la Administración de Maduro niegan que en el país haya detenidos por razones políticas, si no que —afirman— cometieron delitos.
(Con información de EFE)
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