La justicia chavista motoriza la campaña de Maduro por el referendo sobre la disputa territorial con Guyana

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró procedente este jueves la solicitud de protección del referendo del 3 de diciembre, con el que el país busca anexionarse el territorio en disputa con Guyana, ante cualquier acto o decisión extranjera, mientras se espera una resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al respecto.

La Sala Constitucional del Supremo publicó su decisión, un día después de que el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, acudiese al TSJ a pedir esta protección, en defensa de los derechos políticos de los venezolanos.

En concreto, la Justicia dictó que “cualquier decisión o actos materiales de personas naturales o jurídicas (nacionales o extranjeras), organismos internacionales o Estados nacionales, que desconozcan, impidan o pretendan obstaculizar” la consulta “no tendrá ninguna validez ni eficacia jurídica”.

Por ello, el TSJ emplazó a las instituciones venezolanos no reconocer estos actos, en caso de que se produzcan, y, en cambio, ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) a continuar con este proceso que no tiene carácter vinculante y que no encierra en sí mismo un cambio inmediato en el territorio disputado de casi 160.000 kilómetros cuadrados.

Además, el Supremo obliga a Nicolás Maduro a “continuar con la protección de los derechos e intereses de la República en torno a esta causa histórica nacional en la defensa de su derecho soberano sobre la Guayana Esequiba”, un área sobre la que Venezuela no ejerce control desde 1899.

Venezuela advirtió el miércoles a la CIJ que “no reconoce su jurisdicción” para resolver la controversia y alertó de que “nada va a impedir” el referendo, luego de que Guyana pidiese al tribunal, que se declaró competente para dirimir esta disputa territorial, tomar medidas provisionales para frenar la consulta.

Hasta el momento, ni Venezuela ni Guyana han planteado la opción de que sean los propios esequibanos, que rondan los 125.000, los que decidan sobre su pertenencia a uno u otro país, o elijan mantenerse como territorio independiente y soberano.