Paolina Massidda, jefa de la Oficina de Defensa de las Víctimas en la Corte Penal Internacional (CPI), cerró su intervención con un contundente discurso en la segunda y última audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. “Las víctimas fueron sometidas a actos inimaginables de violencia, persecución y abusos contra los derechos humanos”, denunció.
“Esta es la primera vez que las víctimas tienen la oportunidad de dirigirse verbalmente a una sala de esta Corte. No puedo enfatizar lo suficiente la importancia de esta audiencia para las víctimas. Si bien las cuestiones debatidas son puramente legales, el asunto subyacente de este procedimiento es una realidad fáctica para ellas. Venezuela no está investigando los crímenes que ellas, sus familiares y amigos sufrieron”, comenzó su intervención de casi siete minutos.
Y siguió: “Mientras hablamos, en Venezuela se siguen cometiendo crímenes con impunidad. Mis siguientes breves observaciones se basan en las aportaciones de las víctimas. Por razones evidentes de seguridad, no mencionaré sus identidades, pero deseo reconocer públicamente la valiosa contribución que cada una de ellas ha aportado a este procedimiento al expresar sus opiniones y preocupaciones; y al proporcionar documentación que arroja luz en el asunto en cuestión”.
Massidda indicó que las víctimas informaron de “una fragmentación significativa” y “un retraso sustancial e injustificado” en la realización de algunos “poco procedimientos” a nivel nacional.
“Algunos indicaron que sus casos fueron desestimados sumariamente sin una investigación adecuada, lo que introduce una cláusula de doble incriminación, y evita nuevas investigaciones contra la misma persona por los mismos hechos”, relató.
Luego narró que otros indicaron que “estos casos fueron desestimados porque no se encontró que la conducta de los autores fuera de naturaleza criminal o porque los hechos mismos no mostraban ningún elemento de criminalidad”.
“Además, las víctimas informaron que desde 2014 numerosas personas han sido asesinadas ilegalmente durante manifestaciones, no sólo por razones de derechos civiles y políticos; si no también por derechos sociales y económicos. En la gran mayoría de los casos, los presuntos autores aún no han sido denunciados. Hay numerosos casos de tortura, incluidos actos de violencia sexual, principalmente en instalaciones de detención, donde las víctimas en vano denunciaron los delitos que sufrieron a las autoridades nacionales”, explicó la jefa de la Oficina de Defensa de las Víctimas.
También dijo que son numerosos los casos de persecución dirigidos principalmente contra defensores de los derechos humanos y opositores políticos detenidos ilegalmente sin acceso a garantías mínimas y juicio justo.
“Las víctimas han sido sometidas a actos inimaginables de violencia, persecución y abusos contra los derechos humanos”, remarcó; al tiempo que acotó: “Sus familias han soportado tragedias inenarrables. Tienen el interés legítimo de que se responsabilice a quien cometió los delitos”.
En el cierre de su intervención, remarcó que los testimonios de las víctimas sobre los eventos “son cruciales para establecer los hechos, las circunstancias y el contexto que rodean los presuntos crímenes. Sus voces elevan el peso de experiencias en primera persona y son esenciales para arrojar luz sobre lo ocurrido”, estimó.
“Las víctimas subrayaron que han estado esperando casi 10 años para que se realice una investigación adecuada de los trágicos eventos que sufrieron. Sin embargo, durante todo este tiempo, las autoridades nacionales no han tomado medidas genuinas para identificar y denunciar a los presuntos responsables. Por lo tanto, en la actualidad, la Corte es la única vía judicial disponible para las víctimas en su búsqueda de justicia”, resaltó.
Y agregó: “Miran a la Corte para encontrar consuelo, justicia y sanación. Sus expectativas son que esta Corte cumpla su promesa de responsabilizar a los actores por las atrocidades que han sufrido”.
Por último, indicó: “En conclusión, las víctimas solicitan respetuosamente que la sala de apelación considere su búsqueda de justicia y que confirme la conclusiones de las salas preliminares que justifican que el fiscal reanude la investigación de los terribles crímenes que sufrieron”.