El texto se presentó el miércoles en la Legislatura de Misiones. Sus autores son pequeños productores afectados por la liberación del mercado de la yerba mate. Desde que el DNU entró en vigencia, rige el principio de oferta y demanda. Esto tiró abajo el valor que recibían de las industrias por la materia prima.
Muchos afirman que están trabajando a pérdida y pretenden volver a un esquema regulado por la autoridad pública. En la propuesta, el Estado misionero fijaría un mínimo a pagar por cada kilo de hoja verde. La variación en el extremo inicial de la cadena impactará en forma directa en el final: el precio en góndola.
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El mecanismo sugerido establece un régimen “extraordinario y transitorio de protección para los productores primarios de yerba mate” de Misiones. La provincia concentra el 70% de la producción yerbatera, el resto está en Corrientes. A diferencia de lo que pasa en la tierra colorada, el Gobierno correntino avala el DNU 70/23 y el nuevo sistema.
La iniciativa fija un límite. El precio mínimo se pagará a quienes no tengan más de 50 hectáreas. El objetivo expuesto es “preservar la continuidad de la producción, asegurar la sustentabilidad económica de las explotaciones comprendidas y garantizar un precio mínimo sostén (PMS) para la hoja verde”.
Fuentes oficiales consultadas por Infobae aseguran que la administración de Hugo Passalacqua está 100% de acuerdo con la iniciativa. El Gobernador ya había comprometido su apoyo en un encuentro con productores realizado en junio pasado.
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La diputada oficialista Arabela Soler recibió el texto de manos de sus autores. El ingreso formal al recinto se realizará el jueves, durante la sesión ordinaria.
Cuando se conoció el DNU 70/23, el Gobierno misionero amagó con una regulación de esta naturaleza, pero la idea se diluyó con el paso del tiempo. Desde aquel entonces, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM ARG) se convirtió en un organismo de promoción.
El malestar de un sector de la producción se manifestó de diversas formas. Ninguna tuvo la magnitud de lo ocurrido en 2002 cuando un tractorazo paralizó Posadas y forzó al Gobierno nacional a crear el INYM. El viernes habrá una protesta en Puerto Iguazú a raíz de la presencia del presidente Javier Milei en un evento privado.
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Cómo se determinará el valor de la materia prima
El precio mínimo sostén de la hoja de yerba que fije el Estado misionero tendrá “carácter obligatorio” y será el valor mínimo de contratación “para toda persona humana o jurídica que adquiera” la materia prima. En la negociación entre partes se podrá convenir un precio mayor, pero nunca inferior.
La administración provincial controlará que no se hagan operaciones por debajo de ese valor. Para ello podrá fiscalizar los libros y registros de las empresas y los movimientos bancarios. Si detecta una transacción que no se condice con el PMS, tendrá la potestad de intimar al comprador a que complete el valor correspondiente e imponerle sanciones administrativas.
El PMS deberá contemplar un mínimo de requisitos, entre ellos “la totalidad de los costos directos e indirectos de una explotación eficiente”. El texto no establece cuáles serán los parámetros para alcanzar esta calificación.
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En la cuenta entrará a su vez “el pago de la mano de obra conforme a la legislación vigente y a los valores legales establecidos para la tarifa”, la cosecha manual de la hoja de yerba.
A esto se sumará el costo del cumplimiento de las obligaciones tributarias, previsionales y de la seguridad social de cada pequeño productor. También se agregará un margen de utilidad que permita la reproducción económica y la continuidad de las unidades productivas. Pero no se determina cómo se medirá esa ganancia garantizada.
Medidas extraordinarias
El proyecto, además, declara la emergencia de la producción primaria yerbatera en Misiones por un año. El plazo es prorrogable por un año más, pero su alcance está limitado a los pequeños productores de hasta 50 has.
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Durante ese lapso, el Ejecutivo quedará facultado a adoptar “las medidas extraordinarias necesarias” para la continuidad de las explotaciones. También tendrá que “proteger el trabajo rural y evitar el deterioro del patrimonio productivo”. Además, deberá garantizar “condiciones de sustentabilidad económica para la producción primaria”.
En contra del espíritu de libre mercado que pregona el Gobierno nacional, el proyecto pretende que el Estado provincial tenga una presencia activa en todo el proceso comercial.
Por eso, la autoridad pública tendrá la facultad de establecer los regímenes especiales que estime pertinentes. Estos incluyen la comercialización, registración, percepción, fiscalización, control y verificación, a fin de cumplir con el objetivo.
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Asimismo, contará con la capacidad para “determinar y actualizar el PMS previsto”. Del mismo modo, podrá adoptar “medidas administrativas, económicas y técnicas necesarias a fin de asegurar su efectiva aplicación”.
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