El nuevo ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, comenzó su gestión promoviendo cambios en las cúpulas de todos los organismos que se encuentran bajo su órbita. En ese sentido, este jueves se dio a conocer que puso al frente de la Inspección General de Justicia a Alejandro H. Ramírez, abogado con amplia experiencia y que ha litigado contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad a la que deberá investigar.
Ramírez, quien reemplaza en el cargo a Daniel Vítolo, es abogado y Magíster en Derecho Empresario por la Universidad Austral, donde se desempeña como profesor de grado y de la Maestría en Derecho Empresario (MDE). Como parte de su trabajo privado, ha representado a la empresa Berg Watches S.A. en una demanda contra la casa madre del fútbol argentino. La compañía y la AFA fueron socias en la comercialización de 10.000 relojes de lujo en homenaje a la Selección Argentina campeona del mundo en 2022.
Los mismos contaban con un diseño en color celeste, con detalles que denotan la tercera estrella, movimiento suizo Ronda 704 y cristal de zafiro. Evidentemente, algo salió mal, la sociedad se quebró y los relojes ya no se pueden ver en la página oficial de la empresa, aunque persiste en la web la descripción del artículo.
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La IGJ protagoniza un conflicto con la AFA, sobre todo luego de que requiriera la designación de veedores para revisar documentación contable, financiera y contractual de la entidad que rige al fútbol argentino.
En un intento por obstaculizar ese trabajo, la asociación civil estableció su domicilio en Pilar, quedando así bajo la órbita de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense.
Ramírez, quien dicta cursos de posgrado en distintas universidades del país, es socio del estudio Highton & Ramírez.
Según informa su currículum, ha representado a la República Argentina ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL), integrando el grupo de trabajo sobre PYMES, donde participó en la elaboración de la Ley Modelo sobre Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) y en la Guía Legislativa de la ONU sobre Registro de Empresas.
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También fue punto focal ante la OEA en materia de simplificación del derecho societario en América y co-redactor de la Ley 27.349 de Apoyo al Capital Emprendedor y del régimen de la Sociedad por Acciones Simplificadas (SAS).
Es miembro del Comité de Políticas Públicas de la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA) y Director del CES-Latam (Centro de Estudios Societarios para Latinoamérica). Es autor del libro SAS – Sociedad por Acciones Simplificada (Editorial Astrea, 2019), entre otras publicaciones especializadas.
No es menor el detalle de su especialización en SAS, ya que se ha enfrentado en redes sociales y hasta en el Congreso de la Nación con el gobierno de Alberto Fernández por ese mismo tema. Incluso también con la IGJ, organismo que ahora comandará.
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En 2023, se puso al hombro los reclamos del sector y apuntó una y otra vez tanto contra Fernández como contra el entonces ministro de Economía, Sergio Massa. De hecho, acusaba al Poder Ejecutivo de que, en su busca de limitar las SRL y las SAS, podía llegar a disolver una sociedad y confiscarla.
“Otra vez fui a Diputados a defender el inentendible ataque de este Gobierno a las SAS, los emprendedores y a las PYMES. ¡Es increible no tener consenso en que sin empresas y emprendimientos no vamos a salir nunca para adelante!“, expresó en su cuenta de X el 28 de abril de 2023, con mención a la Asociación de Emprendedores de Argentina (ASEA).
Casi un año más tarde, el 16 de abril de 2024, cuando ya era presidente de la Nación Javier Milei, Ramírez celebró: “La IGJ intentó matar a las SAS. Con ASEA hicimos un amparo. Hoy, la Corte Suprema nos dio la razón, avalando al fuero Comercial, quien había suspendido todos los atropellos de la IGJ. ¡A veces, en Argentina hacer políticas públicas significa defender lo ya conseguido!“.
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Entre otras cosas, lo que pretendía el gobierno de Fernández era crear un Registro de Emprendedores, a cargo del Ministerio de Economía de Massa y la Secretaría de Desarrollo Productivo, que tendría la potestad de aceptar o rechazar a quién se consideraba emprendedor y, por lo tanto, quién podía conformar una sociedad.