Para el Gobierno, el escándalo en torno al token $LIBRA es caso cerrado. El presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona firmaron un decreto que disolvió la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que se encargaba de recopilar información sobre la operación del criptoactivo, que involucró al propio mandatario y a su entorno más cercano en denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito.
La medida fue publicada hoy en el Boletín Oficial, a través del Decreto 332/2025. La UTI, bajo la órbita de Cúneo Libarona, fue creada el 25 de febrero pasado, tras el revuelo político que generó Milei al divulgar $LIBRA por sus cuentas de redes sociales. Horas después, se descubrió que el criptoactivo cayó a valores tendientes a cero, lo que afectó el patrimonio de los inversores que apostaron al activo digital.
Como respuesta a las denuncias, y la ofensiva de la oposición para investigar al mandatario, el Poder Ejecutivo creó la UTI para colaborar con el Poder Judicial, a partir de pedidos de información de la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y otros organismos.
Finalmente, ese trabajo duró menos de tres meses, y el Gobierno dispuso el cierre de la unidad, al indicar que la tarea “fue cumplimentada” y la información “fue remitida” al Ministerio Público Fiscal (MPF).
La decisión se conoce a dos días de las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenso Aires, en la que el vocero presidencial y candidato de La Libertad Avanza (LLA), Manuel Adorni, le dio un triunfo al Gobierno al consagrarse como el ganador, con el 30% de los votos positivos, por encima de Leandro Santoro (27,3%), quien representaba al peronismo porteño, y Silvia Lospennato, del PRO (15,9%).
Pese a que la victoria porteña fue un espaldarazo a la Casa Rosada, la oposición volverá a la carga este miércoles, luego de que los bloques opositores en la Cámara de Diputados pidieron una sesión con un temario que, entre sus tres puntos principales, resolverán las autoridades de la Comisión $Libra. En el debate legislativo, también se tratarán proyectos relacionados con el aumento de las jubilaciones y un bono jubilatorio, una nueva moratoria, así como la designación de nuevos miembros para la Auditoría General de la Nación (AGN).
En tanto, la Justicia ya solicitó información al Banco Central y otras entidades sobre el estado patrimonial del presidente, Javier Milei, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de la investigación del criptoactivo. La medida, que se tramita bajo secreto de sumario y está a cargo el fiscal Eduardo Taiano, busca esclarecer si hubo un beneficio económico en la promoción del activo digital.
Además, la imputación contra el Presidente abarca actos de corrupción, por los delitos de cohecho, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
La jueza María Servini dispuso la inhibición de bienes por un plazo de 90 días respecto a los tres de los principales imputados en el caso: Mauricio Novelli, un empresario vinculado al mundo cripto que tenía vínculos cercanos con Milei; Sergio Morales, quien es exasesor de la Comisión Nacional de Valores, y Manuel Terrones Godoy, uno de los socios fundadores de Tech Forum y también con cierto vínculo con el jefe de Estado.
La medida también alcanza a familiares directos de Novelli, luego de la aparición de imágenes de cámaras de seguridad que podrían probar un posible vaciamiento de cajas de seguridad por parte de su madre y hermana, poco tiempo después de lanzarse el criptoactivo.
Las imágenes son del primer día hábil posterior al posteo del presidente Milei, 17 de febrero de 2025 y muestran a la madre y la hermana de Novelli -María Alicia Rafaele y María Pía Novelli- ingresando con bolsos aparentemente vacíos a la sucursal Martínez del Banco Galicia, a las afueras de Buenos Aires, y saliendo una hora más tarde con los mismos, aparentemente llenos de dinero.
Las cajas de seguridad fueron allanadas por orden judicial los días posteriores, y se constató que se encontraban vacías.
La Fiscalía investiga si los movimientos registrados en video constituyeron una maniobra para ocultar activos generados con la operatoria del activo basado en la tecnología blockchain.