El Gobierno nacional citó a los representantes de los gremios que agrupan a los trabajadores estatales, la Unión del Personal Civil de la Nación y la Asociación de Trabajadores del Estado, a una audiencia en la secretaría de Trabajo para discutir la nueva paritaria del sector. Será este viernes a partir de las 13, de manera virtual.
El último acuerdo suscripto a principios de febrero estableció que el aumento de los salarios estatales fue de un 1,5% para enero y de un 1,2% en febrero, en el marco de la búsqueda desde el ministerio de Economía de que los incrementos ronden el 1% mensual, por debajo de los índices de inflación mensuales.
Varios gremios se adaptaron a esta tendencia a la baja, en abierta sintonía con la baja inflacionaria. La comenzó Camioneros que accedió bajar sus pretensiones salariales de un 15% para el período diciembre-febrero (5% para cada mes), primero a un 8%, que era la última oferta empresarial y que finalmente el 2 de enero terminó firmando por un módico 5,5% en tres tramos (2,2% en diciembre, 1,8% en enero y 1,5% en febrero).
El último ejemplo fue el del sindicato de la Sanidad, liderado por uno de los integrantes del triunvirato de la Confederación General del Trabajo, Héctor Daer, que cerró su paritaria para el trimestre febrero-abril con un 5,2% de aumento en tres tramos (1,9%, 1,7% y 1,6%). La fórmula para que fuera convalidado por la Secretaría de Trabajo no incluyó ninguna mejora en enero.
La anterior negociación de los estatales estuvo nuevamente envuelta en tensiones y como ya había ocurrido en ocasiones anteriores, ATE terminó rechazando esa suma mientras que UPCN, el sindicato que lidera Andrés Rodríguez, aceptó.
“Logramos que el Gobierno ceda y se reabran las paritarias. Es un primer paso. Ahora tenemos que evitar que las negociaciones se conviertan en una nueva payasada”, indicó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE. Sus dirigentes advirtieron que este 28 de febrero se vencen otros 3 mil contratos dentro del Estado y que el 31 de marzo caducarán otros 50 mil. Temen que, como ya viene pasando, en el plan de achicamiento que encabeza el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, la “motosierra” se profundice.
El ministro Federico Sturzenegger publicó en su cuenta de X a fines de enero de este 2025 un gráfico con los datos actualizados hasta diciembre de 2024 y sostuvo que la reducción del gasto público es la condición necesaria para bajar impuestos sin comprometer el equilibrio fiscal. Según las cifras oficiales, la eliminación de puestos de trabajo en el sector público alcanzó un total de 37.595 empleos en el primer año de gestión de Milei.
El informe del ministerio desregulador desglosó el impacto del recorte según el tipo de organismo estatal. La mayor disminución se produjo en la Administración Centralizada y Descentralizada, con 22.302 empleos menos. En el caso de las empresas estatales, el ajuste fue de 12.410 puestos de trabajo, mientras que en el personal de seguridad y militar, la reducción alcanzó 2.883 empleos.
“En las paritarias del sector público se ha asentado buena parte de ese dañino equilibrio fiscal propuesto por el Gobierno”, sostuvo luego el dirigente de ATE desde la movilización que este jueves hubo en la sede central del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego también protestaron en el Obelisco y frente al ministerio que encabeza Sturzenegger en Diagonal Sur al 700.
“Las rebajas salariales han sido continuas. Necesitamos que se inicie un proceso de recuperación de todos los ingresos. Nuestras expectativas tienen que seguir puestas en nuestro plan de lucha”, agregó Aguiar, quien junto a otros dirigentes sindicales impulsa la realización de un paro nacional para repudiar al gobierno nacional, aunque desde las centrales obreras, por el momento no acompañan la iniciativa.
Desde ATE aseguran que durante el 2024, el primer año de Javier Milei en la Casa Rosada, la paritaria de la Administración Pública Nacional bajo el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06 quedó muy por debajo de la inflación: los aumentos salariales fueron de 73,3% durante ese periodo mientras que el Índice de Precios al Consumidor que mide el INDEC fue de 117,7%. Es decir, una diferencia de 44,4%.