Luego de la auditoría en la obra social de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), el Gobierno avanzó contra los manejos irregulares de otras entidades del sistema sindical de salud en donde hay involucrados fondos millonarios que provienen del aporte de los trabajadores: ahora, la atención está puesta en la obra social de la Sociedad Gremial de Vareadores, cuyo interventor presentó una denuncia penal contra sus autoridades, acusadas de haber desviado de manera fraudulenta más de 622 millones de pesos a través de pagos a empresas fantasma.
Esta obra social, perteneciente a un sindicato de unos 5.000 afiliados, es el eje de la presentación judicial de Alberto José Curci Castro, el interventor designado a mediados de octubre pasado, y que apunta contra Fernando Luis Profeta y Justo Damián Ibarrola, quienes eran presidente y vicepresidente de la obra social, por el delito de defraudación por administración fraudulenta.
La Sociedad Gremial de Vareadores, de la que Profeta es el secretario general e Ibarrola su secretario gremial, agrupa a los vareadores, capataces, peones de patio, serenos y empleados administrativos de studs que trabajan en los hipódromos de San Isidro, Palermo y sus zonas de influencia.
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La denuncia se fundamenta en una auditoría realizada por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), en donde se detectaron graves irregularidades en esa obra social, como falta de transparencia contable, incumplimiento en su cobertura médica y de servicios y, sobre todo, gastos sin justificar.
Entre otros puntos llamativos, se descubrieron pagos por más de 622 millones de pesos que se hicieron a empresas que no prestaban servicios a la obra social y la presentación judicial apunta no sólo a Profeta e Ibarrola sino también menciona a otras personas que habrían colaborado en la maniobra, incluyendo a los dueños de las empresas que recibieron los pagos sin justificación.
Según fuentes oficiales, sugestivamente, “el Banco Nación le devolvió el manejo de la cuenta a las autoridades denunciadas mediante una decisión administrativa propia, pese a existir una controversia judicial evidente” y “así las autoridades denunciadas fueron a una cámara laboral en la que se hizo lugar a una medida cautelar en feria y con un simple oficio lo consiguieron, existiendo un rechazo a esta misma cautelar por la Cámara Federal en lo Contencioso y Administrativo, que confirmó la autoridad del interventor en la obra social, comunicándoselo a la autoridad del banco”.
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“Esta decisión de parte del staff del Banco Nación fue tomada a pesar de la mencionada controversia judicial y sin que se tuviera en cuenta que la entidad fue intervenida por los irregulares manejos de la dirigencia sindical”, destacaron las mismas fuentes.
La obra social de Vareadores ya había sido intervenida por la SSS en agosto pasado y luego se renovó esa decisión por 180 días a partir de mediados de octubre por una serie de anomalías. Por ejemplo, se advirtió que “la obra social incumplió con la presentación de la documentación respaldatoria prestacional y detectó irregularidades en la carga de los códigos de prácticas efectuadas ante el Mecanismo Integración” en las prestaciones brindadas a las personas con discapacidad.
En el decreto 905/2024 que dispuso la intervención, además, se destacó que la obra social de Vareadores “no desarrolla programas preventivos, no efectúa campañas de vacunación, no posee un vademécum propio y la medicación de alto costo es provista por diferentes droguerías por compra directa, entregando la medicación a los afiliados en forma directa”.
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Por otro lado, se mencionó también que en el período 2020-2021 se registró un aumento de la población beneficiaria y un marcado descenso de beneficiarios entre 2023 y 2024, en su mayoría en la categoría de “optantes”. Esta cifra representaba el 86% de sus afiliados.