En los próximos 30 días todas las jurisdicciones y entidades del sector público tendrán que efectuar un relevamiento de las leyes, decretos y normas que perjudiquen “la libre competencia” para que sean evaluadas por el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, para proceder a su derogación. Así anunció el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa este viernes la iniciativa a la que denominó “Burocracia cero”.
Minutos más tarde, el ministro posteó en X que el decreto 90/2025 se publicará el lunes y que a través del mismo se “impulsa una revisión integral de la normativa legal del país”.
“La Argentina, a grosso modo, tiene 27.000 leyes, 70.000 decretos digitalizados (hay previos solo en papel más difíciles de rastrear) y unas 200.000 resoluciones”, describió el funcionario para dar una magnitud de las regulaciones que se pretende eliminar.
“El digesto jurídico recopiló 4.600 leyes. Con 144 días restantes en la facultades delegadas, urge la revisión”, amplió en la misma publicación. “Por otra parte terminamos un ejercicio de limpiar decretos (eliminando designaciones, temas administrativos, los que ya cumplieron su plazo, convenios, o actualizaciones de montos y otros) acotando el número de decretos “vivos” a unos 4.200. Así que estamos listos para una revisión integral de estos instrumentos también. El Decreto 90/25 apunta a estos dos universos”, agregó.
“Hemos hablado mucho aquí sobre la Motosierra 2.0, que es la aceleración del reordenamiento administrativo del Estado, pero llegó el momento también de la Desregulación 2.0, es decir, de la profundización del proceso de desregulación”, escribió luego.
De acuerdo a lo que manifestó Adorni, este proyecto apunta a “retirar el peso muerto del Estado sobre la economía”, para mejorar las áreas productivas.
El decreto que se publicará en el Boletín Oficial el primer día hábil de la semana próxima, apenas dos días antes de un nuevo viaje -el noveno durante su gestión- del presidente Javier Milei a los Estados Unidos donde participará de una cumbre de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), instruye a los ministerios para que en el plazo de un mes se revisen todos las leyes, decretos de necesidad y urgencia (DNU), decretos delegados y decretos simples que requieran revisión, derogación o simplificación.
“Nuestro marco normativo es un laberinto de cristal que construimos y del que no se puede salir sin derribar paredes”, fue la frase final que utilizó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado para su larga explicación en las redes.
El lunes 3 de febrero el presidente Milei había anunciado que estaba por publicarse un decreto con ciertas similitudes con el DNU 70 que salió en los primeros días de su gestión y que serviría para eliminar o fusionar decenas de organismos estatales que cumplen funciones que se superponen o que pueden ser simplificadas. Esta iniciativa que se lanza va en ese sentido. Ese decreto todavía no se publicó pero Adorni confirmó que está en elaboración.
“Es muy importante que la gente nos escriba. Nosotros habilitamos una página web que se llama Reportá la Burocracia. Hemos recibido unas diez mil consultas. Todo lo que nos manden, lo vamos a mirar, lo vamos a revisar. Es muy importante que la gente nos siga ayudando”, pidió Sturzenegger en una entrevista este mediodía en radio Rivadavia.
También especificó que algunas normas están vigentes desde el retorno de la democracia en nuestro país. “Son normas que estaban desde el año ‘83. O sea, son normas de hace 50 años que le decían a cada productor cómo tenían que envasar sus productos. La locura más grande es la de la locura de 50 años donde nadie hizo nada. En algún momento hay que hablar con la gente y ver realmente cuáles son los temas que la están complicando, ¿no?”, citando nuevamente el caso de un productor de sandías que habló al ministerio para que se liberara al sector frutihortícola de la exigencia sobre el empaque en las exportaciones. A partir de esa consulta, el ministro decidió que el SENASA trabaje junto a los productores con el objetivo de eliminar trabas burocráticas.