El Gobierno designó como nuevo presidente de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) al ingeniero Alejo Maxit. Hasta fines de febrero ese lugar había estado en manos de Marcelo Papandrea, quien luego fue desplazado. En su lugar, asumió interinamente el vicepresidente Oscar Ferrari. Malena Galmarini condujo AYSA durante los cuatro años de mandato de Alberto Fernández.
Curiosamente Maxit había sido designado durante el mes de febrero al frente de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF) y además tiene experiencia como funcionario de la administración pública ya que ejerció como secretario general, o sea el número dos de Emilio Basavilbaso en la ANSES durante el mandato de Mauricio Macri.
El nuevo titular de la empresa prestadora del servicio de agua potable y desagües cloacales que abastece a más de 14 millones de habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos de la Provincia de Buenos Aires tendrá como tarea principal la privatización o concesión de la empresa. AYSA está incluida en el paquete de organismos a cargo del Estado para que atraviesen por ese proceso de acuerdo a lo que impulsa la administración de Javier Milei a través de la Ley Bases, cuyo borrador fue enviado al Congreso Nacional el martes por la noche.
Maxit integró la gestión porteña de Macri. Fue jefe de Gabinete de Planeamiento Estratégico de 2008 a 2009. Luego, entre 2009 y 2011, pasó a ser director general de Desarrollo y Cambio Organizacional. Más tarde quedó a cargo del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, primero como gerente general (2011-2012) y más tarde como director ejecutivo (2012-2014).
A fines de marzo, como parte de la reducción de la planta estatal que el Ejecutivo puso en marcha, en AYSA hubo alrededor de 200 despidos o no renovaciones de contratos. En la Casa Rosada sostienen que antes de privatizarlas y para que tengan atractivo para quienes estén dispuestos a invertir en ellas, primero se debe mejorarlas y hacerlas más eficientes.
Dentro de ese marco también se registraron fuertes subas en las tarifas del servicio que presta. En abril mediante la Resolución 9/2024 de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía se autorizó un incremento del 209 por ciento en las facturas en el ámbito metropolitano.
En la misma resolución, que se difundió a través del Boletín Oficial, se establece que habrá una actualización mensual a partir de junio, de acuerdo a la evolución de los salarios y de la inflación. En agosto, se prevé una revisión.
Desde la asunción de Milei la empresa que se ocupa del agua potable en el AMBA recibió un 98% menos de recursos del Estado que lo asignado en 2023 para su funcionamiento. En el plan que diseñó la Jefatura de Gabinete, área del que depende ahora la empresa tras la disolución del ministerio de Infraestructura que tenía como responsable a Guillermo Ferraro, pretenden que antes de fin de año se reduzcan sensiblemente los subsidios que recibe AYSA. Con ese mecanismo planean el ahorro de 440.000 millones de pesos.
A diferencia de la primera Ley Ómnibus que contaba con más de 600 artículos, el borrador de la nueva Ley Bases contiene 270. El capítulo 2 incluye a las compañías estatales que el gobierno de Javier Milei quiere dejar en manos privadas en su totalidad son Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina S.A. (Enarsa), Radio y Televisión Argentina e Intercargo. En tanto, hay 5 empresas que, de aprobarse la ley, quedarían sujetas a privatización y concesión: AySA, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Corredores Viales y Trenes Argentinos (Sofse).
El resto “sólo podrán ser privatizadas parcialmente debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”. Entre estas se encuentran Nucleoeléctrica Argentina S.A., la cual tiene a su cargo, Atucha I y II y la Central de Embalse; el Banco Nación, Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nación Bursatil, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.