En sintonía con distintos sectores que cuestionaron duramente la medida, un sector de la oposición en Río Negro presentará en los próximos días un amparo ante la Justicia Federal para intentar evitar el traslado de la estatua de Julio Argentino Roca, del Centro Cívico de la ciudad de Bariloche.
El reclamo, en esta oportunidad, es impulsado por Nicolás Suárez Colman, presidente Republicanos Unidos de esta provincia y socio fundador del Instituto Nacional Rocaniano, quien consideró que las autoridades del municipio no tienen la potestad de mover al monumento de su lugar original.
De acuerdo con el dirigente, una resolución del actual intendente local, Enrique Gennuso, respaldada por una autorización otorgada por Mónica Susana Capano, titular de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos del ministerio de Cultura, no alcanza para llevar adelante el proyecto que pretenden.
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En su presentación judicial, Suárez Colman señalará que el sitio fue declarado monumento y lugar histórico nacional, por lo que se necesitaría una nueva ley aprobada por el Congreso para poder realizar algún cambio en la estructura del centro cívico de esta ciudad.
Por esta razón, la oposición solicitará un amparo para frenar la obra hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo: “Nosotros al amparo lo tenemos casi listo, se va a presentar mañana (por este viernes) o el lunes a primera hora”, explicó en diálogo con Infobae el presidente Republicanos Unidos rionegrino.
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En sus redes sociales, el dirigente opositor compartió un extenso texto al respecto, en el que aseguró sentir “bronca y desazón” ante “el anunció de quitar el Monumento a Julio A. Roca de la plaza Expedicionarios del Desierto en el Centro Cívico no solo por lo que significó Roca para el futuro y presente de nuestra nación”, sino también porque “su más grande empresa a favor de todos nosotros es sin duda el plan de consolidación del territorio nacional, que garantizó que la región patagónica sea territorio argentino”.
“Sus dos gobiernos permitieron además que se promulgara la ley 1420, que garantizó la educación obligatoria, gratuita y laica, transformándonos en el país con mayor alfabetización de América Latina. Extendió la infraestructura de ferrocarriles y consolido la expansión de la producción nacional. En otras palabras, transformó territorio desértico en una potencia mundial. Cuestionar a un presidente como Julio A. Roca es básicamente atentar contra la identidad de una nación y degradar la obra que significó el despegue definitivo de esta, consideró.
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En este sentido, para Suárez Colman “no hay lugar” para que el fallecido presidente “sea considerado un genocida”, ni para que “los revisionistas de la historia pretendan hacernos creer que se trató de un genocidio” lo que, a su entender, “fue una guerra en la que una nación logró consolidar el territorio que era asediado de forma permanente por Chile y sus aliados mapuches que asediaron y masacraron a nuestros pueblos originarios”.
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“No hay en nuestro ordenamiento justificación que permita semejante aberración al patrimonio nacional. Nadie, ni siquiera el mejor de los funcionarios públicos, puede estar por encima de la ley. Cuando un funcionario decide pasar por encima de la ley, no solo pisotea la historia, sino que comete un atropello a la ley. Solo esperamos, esta vez, que la justicia haga su trabajo e impida que maten la ley a pisotones. No solo por la memoria de Julio Argentino Roca, sino porque es una lección para el presente y el futuro de la nación. Nadie, nunca, debe estar por encima de la ley”, cerró.
La opinión del socio fundador del Instituto Nacional Rocaniano va en línea con lo que planteó, por ejemplo, el orfebre Juan Carlos Pallarols, quien se opuso a su traslado de la estatua a través de una carta dirigida al intendente de Bariloche, en la que explicó que “mover de su actual emplazamiento a la escultura es asumir un riesgo enorme e innecesario por el peligro que corre, dado el estado actual en el que la han dejado las diversas vandalizaciones a las que ha sido sometida”.
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