Durante el debate del proyecto del Presupuesto 2023, el oficialismo incluyó un debate candente que lleva años sin resolverse: el cobro del impuesto a las Ganancias a todos los jueces.
“Planteamos que con tantas necesidades que tiene la Argentina, tenemos que ver quiénes son los que tienen capacidad contributiva. Si hay gente que gana 2 millones de pesos y no pagan Ganancias, tienen que empezar a pagar. A esta altura del partido esto es un privilegio inaceptable”, planteó el diputado Marcelo Casaretto.
Según detallaron, el costo fiscal de la exención de Ganancias a Jueces es de $237.850 millones para 2023. “Es un privilegio que le cuesta al Estado un 0,16 del PBI, no es un tema menor”, coincidió el diputado Itai Hagman del Frente Patria Grande.
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Casaretto también explicó que si bien los magistrados que ingresaron al Poder Judicial a partir de 2017 pagan Ganancias, solo lo hacen por una parte de sus remuneraciones debido a una resolución del Consejo de la Magistratura. “Deben pagar por todo”, insistió.
“Apoyamos absolutamente la propuesta que hizo el diputado Casaretto, creo que habría que instrumentarlo con todos los resguardos para que se pueda hacer, ya hubo muchos intentos y después se retrocede”, afirmó Lisandro Nieri, de la UCR.
En la misma línea, el radical Ricardo Buryaile agregó que no debe incluir únicamente a los jueces, sino a todos los funcionarios del Poder Judicial. Ante la consulta de Infobae, desde el PRO confirmaron que están de acuerdo con el planteo.
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El artículo finalmente fue incluido en el dictamen de mayoría que salió únicamente con los votos del oficialismo y sus aliados.
El pago de Ganancias para todos los magistrados que asumieron a partir del 1º de enero de 2017 había sido establecido por la Ley 27.346, impulsada por el diputado y consejero del PRO Pablo Tonelli y sancionada en diciembre de 2016.
Sin embargo, su aplicación para quienes ya se desempeñaban en la Justicia había sido frenada por un amparo de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia nacional. La Corte Suprema revocó esa medida cautelar y resolvió la constitucionalidad de la norma. En su acordada sostuvo que todos los que juraron a partir del 1 de enero de 2017 – no solo los que vienen del ámbito privado, sino también los de carrera judicial–, debían pagar el gravamen.
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No obstante, el Consejo de la Magistratura terminó reglamentando que no estén alcanzados por Ganancias los ítems salariales correspondientes a “compensación jerárquica”, “compensación funcional” y “bonificación por título”.
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