Un días después de la presentación conjunta del presidente Alberto Fernández y el ministro de economía Martín Guzmán, el proyecto de ley que busca establecer una alícuota extraordinaria a la renta de las grandes empresas en la Argentina finalmente vio la luz e ingresó al Congreso de la Nación.
Allí, según los cálculos que dejan trascender funcionarios de gobierno, cuenta con serias chances de transformarse en ley luego de discusiones que no estarán exentas de cuestionamientos por parte de la oposición, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación, donde la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dirigirá el debate.
El texto que remitió el ministerio de economía al congreso cuenta sólo con tres artículos. Allí se propone la modificación excepcional de la ley que regula el impuesto a las ganancias en el país, agregándo una alícuota adicional, que se cobrará por única vez, sobre aquellas actividades que hayan tenido lo que el gobierno considera una “renta inesperada”.
La misma, según expresa el proyecto, se calcularía de la siguiente forma:
- cuando la ganancia neta imponible o el resultado contable ajustado por inflación, correspondientes al primer ejercicio cerrado a partir del primer día del mes inmediato siguiente, inclusive, al de la entrada en vigencia de este artículo sea, como mínimo, de PESOS MIL MILLONES ($1.000.000.000)
- cuando el resultado contable ajustado por inflación correspondiente al primer ejercicio cerrado a partir del primer día del mes inmediato siguiente, inclusive, al de la entrada en vigencia de este artículo resulte, como mínimo, superior al DIEZ POR CIENTO (10 %) del total de ingresos de ese período
- cuando el resultado contable ajustado por inflación correspondiente al primer ejercicio cerrado a partir del primer día del mes inmediato siguiente, inclusive, al de la entrada en vigencia de este artículo represente, respecto del total de ingresos de ese período, un porcentaje igual o superior al VEINTE POR CIENTO (20 %) de aquel que representó en el ejercicio anterior.
La iniciativa fue anunciada hace meses por el propio ministro de economía, Martín Guzmán, que dedicó un tiempo considerable a la elaboración del texto que buscará transformar en ley. La propuesta se basa en la premisa de que el contexto geopolítico del planeta, derivado esencialmente del conflicto bélico desatado tras la invasión de Rusia a Ucrania, generó condiciones especiales para actividades exportadoras en Argentina.
Tal es el caso de comodities como el trigo, aunque también otros productos de la agroindustria en el país.
De acuerdo al equipo económico que conduce Guzmán, la ley que tomó estado público fue el resultante de conversaciones con el grupo de empresas que cuenta con chances de ser alcanzado por el nuevo gravámen.
No obstante, la iniciativa genera resistencia en los principales exponentes del sector privado en el país. Así se observó en el reciente encuentro por el aniversario número 20 de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), donde la postura predominante hacia la propuesta del gobierno fue el rechazo.
En las huestes parlamentarias de la oposición la tendencia es la misma. Voces principales en Juntos por el Cambio cuestionaron al gobierno del presidente Alberto Fernández por tener a la creación de nuevos tributos como estrategia recurrente para atender los desequilibrios fiscales del Estado.
Pese a ello, hacia adentro de la Casa Rosada anticipan que, tras un arduo debate público con la oposición, el proyecto cuenta con chances de terminar en un final deseado para el gobierno que convierta en ley la denominada renta inesperada.
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