“Nosotros lo que queremos es una nueva ley”, repite Germán Martínez casi como un mantra cada vez que le preguntan por el Consejo de la Magistratura. Pasado el mal trago de los fallos de la Corte Suprema y el fracaso en Diputados del proyecto que venía del Senado, el jefe de la bancada oficialista ya tiene la mira puesta en la negociación que se viene.
Nuevamente el Frente de Todos tiene una fecha límite a la vista. En noviembre vencen los mandatos de todos los consejeros del órgano encargado de designar y sancionar a los jueces. Incluso los que fueron recientemente designados.
El oficialismo apuesta a tener un nueva ley para ese entonces, una ley “bien detallada” que evite las diferentes interpretaciones que esta semana fueron el centro de una disputa político-jurídica entre el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y la Corte Suprema.
La situación ni siquiera está resuelta, ya que hay varias denuncias tramitando en la Justicia. En la Cámara de Diputados, el Frente de Todos presentó un amparo para frenar la designación de Roxana Reyes (UCR) por la segunda minoría. Su argumento es que la ley dice que la fuerza con mayor representación parlamentaria debe quedarse con dos lugares y el oficialismo solo tendrá a Vanesa Siley (Pablo Tonelli, Roxana Reyes y Graciela Camaño son opositores).
A la inversa, en el Senado Juntos por el Cambio impugnó el nombramiento del senador Martín Doñate, luego de que Cristina Kirchner ordenara dividir el bloque oficialista para así tener un lugar por la mayoría y otro por la segunda minoría. Luis Juez se quedó afuera y también denunció penalmente a la Vicepresidenta.
En diciembre pasado, la Corte Suprema había declarado la inconstitucionalidad de la conformación actual del Consejo porque consideró que no se respetaba el equilibrio entre los diferentes estamentos (políticos y técnicos). Según el fallo, si el Congreso no sancionaba una nueva ley, se debía volver a la conformación anterior a la reforma de 2006, es decir, con 20 integrantes.
El Frente de Todos logró aprobar un proyecto gracias a una negociación de último momento con el senador rionegrino Alberto Weretilneck, que reclamaban “más federalismo” en la constitución del organismo. Lo más importante fue que la iniciativa dejaba a la Corte Suprema sin ningún lugar en el Consejo, mientras que desde Juntos por el Cambio proponían que Horacio Rosatti, presidente del Máximo Tribunal, también asumiera como titular.
Parado en su mayoría y en el voto de Weretilneck, el Frente de Todos hizo oídos sordos a los planteos de la oposición. Pero el panorama es muy diferente en la Cámara de Diputados, donde deberá negociar sí o sí.
No es ningún secreto que los primeros esfuerzos se concentrarán en Graciela Camaño, la diputada de Identidad Bonaerense que dijo públicamente que la Corte debe tener un lugar en el Consejo pero que su presidente (Rosatti) no puede ser su titular. Una postura intermedia como esta podría ser la llave para que el oficialismo llegue a los 129 votos.
Desde el kirchnerismo ya empezaron las señales. Este jueves el senador de La Cámpora Mariano Recalde, muy cercano a Cristina Kirchner, calificó como “factible” la posibilidad de que se introduzcan nuevos cambios en Diputados para sumar voluntades.
“La media sanción del Senado no lo dice explícitamente pero prevé la posibilidad de que un integrante de la Corte forme parte del Consejo. Si lo quieren poner explícitamente yo creo que podría ser una opción para destrabar y que salga la ley”, dijo en la radio Futurock.
“Lo que tenemos que hacer es sancionar una ley, porque no puede ser que nos rijamos por un decreto casi de facto de la Corte Suprema”, agregó en referencia a la ley de 1997 que había sido derogada en 2006 por el kirchnerismo y fue puesta nuevamente en vigencia con el fallo del Máximo Tribunal. Claramente, el actual es el peor escenario para el kirchnerismo.
Aunque los consensos deberán ser aún más amplios. Camaño integra el Interbloque Federal (8 bancas) junto a tres diputados de Córdoba Federal que responden al gobernador Juan Schiaretti. Los cordobeses se pronunciaron en contra del proyecto oficialista y la senadora Alejandra Vigo -del mismo espacio- incluso votó en contra en el Senado.
Ayer, en una reunión de Schiaretti con los miembros del interbloque, Vigo repitió que los proyectos de “gran envergadura que tienen que ver con la institucionalidad” solo pueden avanzar a través de “grandes consensos”.
No obstante, quedó demostrado que los consensos no abundan en el Congreso. De hecho, a casi dos meses de haber comenzado las sesiones ordinarias, la Cámara de Diputados todavía no pudo conformar la mayoría de las comisiones por falta de acuerdo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Entre ellas están dos de las más estratégicas, Asuntos Constitucionales y Justicia, a donde todavía ni siquiera fue girado el proyecto que viene con media sanción del Senado.
Por otro lado, si la vía parlamentaria no rinde frutos, el Frente de Todos ya está preparando el terreno para ganar un consejero de todas formas. Reclamarán los dos lugares como bloque mayoritario y el Interbloque Federal perdería su representación. El PRO y la UCR quedarán con un consejero cada uno. Con un voto más el oficialismo se garantizará un mayor control del organismo.
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