Algunos de los funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal y de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se presentaron en la causa judicial en la que se investiga el armado de un expediente contra el sindicalista Juan Pablo “Pata” Medina y que se conoció a través de un video de 2017.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que quienes se presentaron fueron el ex ministro de Trabajo Marcelo Villegas (que en el video dice que le gustaría tener una Gestapo contra los sindicatos), el intendente de La Plata, Julio Garro, el senador provincial de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan y los ex funcionarios de la AFI Dario Biorci y Sebastián De Stefano, parte de quienes estuvieron en esa reunión.
De Stefano recusó al juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien está a cargo del caso y que la semana pasada realizó siete allanamiento. Además, el magistrado habilitó hoy la feria judicial para que la causa tramite en enero durante el receso de verano en los tribunales.
La semana pasada la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, hizo una denuncia penal a partir de un video encontrado en el organismo sobre una reunión del 15 de junio de 2017 en la sede de la ciudad de Buenos Aires del Banco Provincia donde Villegas dice que le gustaría tener una Gestapo (la policía secreta de Adolf Hitler) para terminar con los sindicatos y le informa a los empresarios de la construcción de La Plata con los que estaba reunido que tenía todo hablado con “la fiscal”, “el juez” y la “Procuración General” para avanzar en el armado de una causa judicial contra Medina y que necesitaba que sus empresas presenten notas denunciando extorsiones y amenazas.
La fiscal federal de La Plata Ana Russo abrió formalmente una investigación y el juez Kreplak comenzó con las primeras medidas, entre ellas allanamientos a los ex funcionarios que participaron del encuentro.
En los últimos días los acusados comenzaron a presentarse en el expediente. Allan le informó al juzgado que daba el aval para que se allane su despacho en el Senado de la provincia de Buenos Aires; Biorci -ex jefe de gabinete de la AFI y cuñado de Silvia Majdalani, subjefa del organismo durante el gobierno de Mauricio Macri- puso a disposición sus teléfonos y De Stefano recusó al magistrado.
El ex director de jurídicos de la AFI y hoy funcionario del gobierno de la ciudad de Buenos Aires recusó al juez. De Stefano planteó que Kreplak es incompetente para intervenir en el caso y que al hacerlo mostró su parcialidad. También indicó que es hermano del ministro de Salud de la provincia, Nicolás Kreplak, y que fue subsecretario de Control de Gestión Registral del Ministerio de Justicia de la Nación durante el gobierno de Cristina Kirchner.
Biorci y De Stefano eran dos de los tres funcionarios de la AFI que participaron de la reunión. El tercero fue Diego Dalmau Pereyra, director operacional de Contrainteligencia del organismo.
Por otra parte, el juez habilitó hoy la feria judicial a pedido de la fiscal Russo. Explicó que lo hizo por la trascendencia de la causa y por la urgencia que requieren algunas medidas de prueba ante el inicio de la investigación. También aceptó como querellante a Medina. Eso significa que el sindicalista, representado por su abogado César Albarracín, formará parte del expediente como acusador privado ya que se investiga si desde el gobierno bonaerense y la AFI le armaron una causa judicial.
Medina está procesado, detenido y elevado a juicio oral por lavado de dinero, extorsión y amenazas a empresarios de la construcción de La Plata. Ante la aparición del video, la defensa pidió la excarcelación de Medina -que está en prisión domiciliaria- y el planteo fue rechazado por el Tribunal Oral Federal 2 de La Plata.
Comunicado de las empresas
En la reunión de 2017, los funcionarios se juntaron empresarios de empresas constructoras de la ciudad de La Plata que hoy emitieron un comunicado de prensa.
“A partir de los hechos de público conocimiento queremos comunicar a la opinión pública que las instituciones abajo firmantes asistimos a una reunión de trabajo con funcionarios públicos del Poder Ejecutivo Provincial hace 4 años, en una dependencia estatal, con el fin de abordar la problemática relación con quien ejercía la conducción de la Uocra regional La Plata por medio de una metodología basada en extorsiones, violencia y bloqueos de las obras que se ejecutaban en nuestra Región. La violencia no estaba originada en conflictos laborales”, señalaron la Unión Industrial Del Gran La Plata; Apymeco, Cámara de Desarrolladores Urbanos (CDU); Colegio de ingenieros CIV (La Plata); Colegio de Arquitectos Capba I (La Plata); Capec; y Acimco.
Las compañías agregaron que “iniciamos gestiones ante distintos gobiernos y representaciones sindicales nacionales a lo largo de más de 20 críticos años para la actividad de la construcción en la Región Capital de La Plata, con el objetivo excluyente de alcanzar un marco adecuado para que tanto trabajadores como empresarios pudiéramos desarrollar nuestras tareas en un contexto de respeto por las incumbencias y responsabilidades de las partes”.
Nuestra trayectoria se construye en base a un sólido apego y respeto a los rasgos distintivos del Estado democrático: la seguridad jurídica, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos de las personas”, señalaron y afirmaron que “estas convicciones no son compatibles con expresiones anticonstitucionales, como las que se virtieron en esa reunión de trabajo, las cuales no avalamos”.
“También muchos de nosotros padecimos durante años amenazas contra nuestras personas y familias por parte de estos grupos violentos, que actúan fuera de la ley y de toda norma constitucional. Los hechos de violencia de estas facciones tienen largos capítulos descriptos en los medios. Seguiremos, como siempre, combatiendo a la violencia institucionalizada y las extorsiones con la herramienta que indica la Constitución Argentina: la ley”, concluyeron.
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