A más de 16 meses de que se detectó el primer caso de coronavirus en la Argentina, el Gobierno decidió crear un comité para analizar “el impacto de la pandemia del covid-19 en la población con discapacidad”, el cual tendrá como objetivo brindar asesoramiento interno y hacer un seguimiento de la situación en la que se encuentra este sector de la ciudadanía.
A través de la Resolución 965/2021, que fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, las autoridades nacionales avanzan por primera vez con un organismo que funcionará “como un espacio de investigación y planificación de medidas de contención”.
La medida se dio a conocer en medio del reclamo de las familias con niños que poseen patologías de riesgo, quienes piden la urgente compra por parte del país de la vacuna producida por Pfizer, que por ahora es la única que está autorizada por las entidades regulatorias de Estados Unidos, la Unión Europea (UE), y Canadá para menores de 18 años.
Hace algunas semanas, la red de familias Argentinas autoconvocadas “VacunaMe, Chicos en Riesgo” emitió un comunicado en el que solicitó que se modificara la Ley 27.753 para la adquisición de inoculantes de laboratorios estadounidenses, para avanzar así con la inmunización de niños y adolescentes con discapacidades y comorbilidades, que los hacen más vulnerables frente al COVID-19.
Poco después el Congreso aprobó esos cambios, pero hasta el momento solamente firmó un contrato con Moderna, una dosis que todavía tiene pendiente la autorización para su uso pediátrico por parte de los entes reguladores norteamericanos.
No obstante, el Gobierno confía en que esta habilitación salga pronto y, en paralelo, analiza aplicar también en menores de edad las vacunas de Sinopharm, que en China ya son utilizadas para personas de entre 3 a 17 años.
La Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) informó que la tasa de letalidad del coronavirus entre el colectivo de personas con discapacidad es del 7%, aproximadamente tres veces superior que el registrado por la población en general.
Justamente el director ejecutivo de este organismo, Fernando Galarraga, fue quien firmó la Resolución a partir de la cual se creó este Comité que, entre otros puntos, deberá “brindar asesoramiento interno sobre las implicancias biopsicosociales de la pandemia COVID-19 en las personas con discapacidad”; dar “seguimiento a la situación de los derechos humanos” de este grupo de la población; “elaborar informes y recomendaciones”, y “sugerir líneas de acción que contribuyan a disminuir y prevenir las secuelas derivadas del COVID-19″ en estas personas.
Además, tendrá que “desarrollar estrategias con el objeto de promover políticas y programas sociales”; “construir y relevar indicadores” sobre la problemática que estudia, y “generar metodologías de investigación, procesamiento y análisis de datos relevados”.
El denominado ”Comité de Análisis sobre el Impacto de la Pandemia del COVID-19 en la Población con Discapacidad” estará integrado por “una Coordinación a cargo de un/a profesional de reconocida trayectoria laboral y académica en la temática de discapacidad” y un Plenario compuesto por “un equipo transdisciplinario de expertos y expertas con y sin discapacidad, de reconocida trayectoria en la materia”.
Meses atrás, el propio presidente Alberto Fernández se reunió con Galarraga en la Casa Rosada y después realizó una capacitación de la ANDIS sobre la discapacidad, luego de la polémica declaración que hizo sobre los niños con discapacidad en el marco de las discusiones por el regreso de las clases presenciales.
“Todo este tiempo he hablado con maestras de escuela de chicos con capacidades diferentes, de lo difícil que se les hace trabajar con esos chicos, que no entienden la dimensión del problema sanitario que enfrentan”, manifestó el primer mandatario en una entrevista radial que dio en abril último.
Varias organizaciones cuestionaron entonces las palabras del jefe de Estado y le remarcaron que no se debe decir “chicos con capacidades diferentes”, sino “personas con discapacidad”.
Entre los considerandos de la Resolución publicada este lunes, el Gobierno reconoció que el Estado “tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad (PCD), y promover el respeto de su dignidad inherente”.
Además, señaló que la Organización de las Naciones Unidas recientemente advirtió que este grupo “corre mayor riesgo de contraer COVID-19 por encontrarse con distintas barreras para aplicar las medidas básicas de protección, como la inaccesibilidad de las instalaciones de agua, saneamiento e higiene; la dependencia del contacto físico para recibir apoyo; la inaccesibilidad de la información sobre salud pública; el mayor riesgo de discriminación en el acceso a la atención sanitaria y a los procedimientos de atención médica vital; o el internamiento en entornos institucionales que agravan la exposición a contraer esta enfermedad”.
Por esta razón, las autoridades nacionales sostuvieron que “la respuesta y la recuperación a los impactos generados por la pandemia, requiere un enfoque integrado en el diseño de las estrategias para eliminar y prevenir con eficacia y eficiencia” las dificultades que enfrenta esta población, y por esa razón se propuso crear este Comité.
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