La ministra de Salud de Entre Ríos, Sonia Velázquez, y el intendente de Gualeguaychú, Martín Esteban Piaggio, fueron demandados ante la Justicia Federal por el caso del vacunatorio VIP en la ciudad del sur entrerriano. Los cargos que se formularon en su contra fueron abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencia y malversación, entre otros.
La demanda contra Velázquez y Piaggio, que también incluye al secretario de Salud y Desarrollo Social de Gualeguaychú, Martín Roberto Piaggio (primo del intendente), fue interpuesta por el diputado provincial Nicolás Mattiauda y el concejal de la ciudad Pablo Echandi, ambos del PRO.
La presentación se realizó este miércoles al mediodía en el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo de Hernán Viri. Mattiauda y Echandi solicitaron al Magistrado “que se sustancie, con premura y profundidad, la consecuente instrucción, relativa a la comisión de presuntos delitos” cometidos en la implementación del programa de vacunación contra el COVID-19, hecho que se conoció públicamente como “vacunatorio VIP”.
En la ciudad del sur entrerriano, el intendente Piaggio definió un criterio amplio de salud. Bajo este paraguas incluyó, además del personal de salud que se encontraba en un establecimiento sanitario y en contacto con pacientes afectados por coronavirus, a funcionarios y empleados de las áreas de Género y Diversidad Sexual. El número final fue estimado por la propia gestión como cercano a las 200 personas. Entre ellas figuraba Claudia Centurión, una joven de 27 años, novia de Martín Roberto Piaggio.
Las conductas antijurídicas en las que habrían incurrido los funcionarios y que se detallan en la denuncia son violación de las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y la violación de la Ley de Ética Pública.
Los denunciantes solicitaron que se investigue la actuación de la ministra Velázquez por ser la máxima responsable del área de Salud y por ende de la administración de las distintas vacunas en el territorio de la provincia; así como del presidente municipal de Gualeguaychú, Martín Esteban Piaggio, y del secretario de Desarrollo Social, Ambiente y Salud de la Municipalidad, Martín Roberto Piaggio, por su responsabilidad en la ejecución descentralizada del Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en la ciudad.
Velázquez fue interpelada en la Cámara de Diputados de la provincia a instancia del bloque de Juntos por el Cambio pero, además de explicaciones técnicas, se mantuvo en la posición que expresó en su momento ante Infobae y no dio a conocer el listado de los vacunados VIP de la provincia.
El intendente Piaggio, por su parte, es un dirigente K con proyección a ser uno de los que busque suceder a Gustavo Bordet en la Gobernación de Entre Ríos. El martes dio un paso en esa dirección presentando en Paraná, junto al dirigente social Juan Grabois y al titular provincial del gremio de Camioneros, Jorge Ávalos, el Plan de Desarrollo Humano Integral, diseñado según aseguraron “para la reconstrucción argentina luego del último gobierno neoliberal de Mauricio Macri y de los efectos de la pandemia”. Ni Bordet ni el intendente capitalino Adán Bahl participaron de la convocatoria.
Razones
“La denuncia la formulamos en estos términos porque hemos agotado todas las instancias legislativas y políticas. Hemos presentado un pedido de informes en el Concejo Deliberante que no fue contestado porque el intendente negó la información solicitada. Pero (Piaggio) nos debe una explicación, no solo a la oposición sino también a toda la comunidad”, expresó el diputado Mattiauda en declaraciones a Infobae.
Además, recordó que el PRO presentó un pedido de acceso a la información al Ministerio de Salud “que también fue negado por Velázquez. En la interpelación se negó a respondernos de forma contundente las preguntas. También solicitamos públicamente que el Procurador General, Jorge Amilcar García, inicie de oficio una investigación por el Programa Rector en Entre Ríos”, lo que finalmente no ocurrió. Por eso “recurrimos a la Justicia Federal por tratarse de un incidente vinculado a un insumo nacional que debe ser aplicado en el territorio provincial”, agregó.
“Entendemos que no debe haber libre interpretación de la descentralización. La descentralización (de la aplicación de las vacunas) debe quedar acotada a los establecimientos sanitarios y el personal correspondiente. No puede estar a elección de quienes tienen el privilegio de vacunarse frente a la escasez de vacunas. En eso el Programa Rector es muy claro: prioriza personal de salud, fuerzas de seguridad y luego el resto de la población en función de la edad y la predisposición a enfermedades”, concluyó.
SEGUIR LEYENDO: