“No hay marcha atrás. Ya lo decidí”, confirmó Alberto Fernández cuando se le preguntó si aún pensaba en aumentar las retenciones a la soja. Y remató: “Es una decisión solidaria, que incluye beneficios a las economías regionales y no tiene nada que ver con la negociación con el Fondo Monetario Internacional”.
El Presidente aún recuerda las consecuencias políticas y económicas de la Resolución 125 y descarta que la historia vuelva a repetirse. Por eso alienta a que la Mesa de Enlace se encuentre con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra. Una cita política prevista para mañana -16.30 en la cartera de Agricultura- que corre peligro por la inesperada decisión del gobierno de cerrar los registros de declaraciones juradas de ventas al exterior.
Si el registro está cerrado, no se puede exportar. Y el cierre abrupto es una decisión obvia para que la soja sólo pueda ser legalmente enviada al exterior cuando suba la retención que anunciará Alberto Fernández en los próximos días.
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“Es una medida que sorprende y deja una profunda sensación de engaño, porque mientras se espera para dialogar, se toman decisiones que no tiene retroceso, de lo contrario no se explica el cierre de un mercado”, aseguró Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en un comunicado oficial que tituló “Una nueva traición”.
Alberto Fernández conoce el comunicado de CRA, no se sorprendió y continúa con su decisión política de aumentar las retenciones a la soja. El Presidente rechaza que haya sido una imposición del FMI y sostiene que está respaldado por la ley de Emergencia Económica. Si no cambia el formato normativo, las nueves medidas agropecuarias serán confirmadas a través de una resolución que se publicará en el Boletín Oficial.
Un informe técnico redactado en la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca llegó hace unos días al primer piso de la Casa Rosada. El informe destinado al jefe de Estado explicaba que subiendo las retenciones a las exportaciones de la soja -del 30 al 33 por ciento- se podrían recaudar casi 500 millones de dólares extra, una suma que Alberto Fernández no piensa descartar por un comunicado de CRA o la amenaza de un tractorazo en las rutas que cruzan la Pampa Húmeda.
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El paper de Agricultura proponía también una baja de retenciones para las exportaciones de arroz, maní, legumbres, lácteos, cítricos, tabaco y algodón, que puede beneficiar a las economías regionales en profunda crisis. Esa probable caída de los derechos de exportación sería del 9 al 5 por ciento. “Nuestra intención es beneficiar a las economías provinciales, ser solidarios. Aún no terminamos de definir la baja de estas retenciones”, dijo Alberto Fernández cuando le preguntaron en Balcarce 50.
El gobierno todavía no decidió respecto al trigo, el maíz y la carne. El Ministerio de Agricultura recomendaba elevar las retenciones al trigo y el maíz del 12% al 15% y mantener sin cambios los derechos de exportación para los embarque de carne. Alberto Fernández no quiere un frente cerrado y crítico de la Mesa de Enlace y dejaría todo como está: 12% para maíz y trigo y el 9% para la carne que se vende en el exterior.
El Presidente tiene escrito el discurso de apertura de las sesiones ordinarias -le falta corregir pequeños detalles- y utilizará ese momento institucional para anunciar oficialmente el aumento de las retenciones para un sector del campo. Alegará que se trata de resolver la recesión heredada a través de una distribución simétrica de las cargas impositivas, y prometerá que la retenciones bajarán cuando la economía crezca en los próximos años.
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Alberto Fernández hablará el primero de marzo ante la Asamblea Legislativa. Un día más tarde, el campo moverá para contestar la decisión política del mandatario.
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