María tiene 42 años y enseña en un colegio público de Lima. Se levanta a las 5:00 a.m., viaja casi dos horas, dicta seis horas de clase, atiende conflictos, escucha historias de violencia familiar, corrige tareas de madrugada y llena plataformas administrativas los fines de semana. Hace un mes su médico le habló por primera vez de “agotamiento crónico”. Ella respondió lo que responden muchos: “No puedo parar”. María no aparece en los spots de campaña.
En plena carrera presidencial, escuchamos promesas sobre tablets, infraestructura, meritocracia y modernización. Pero hay un silencio ensordecedor: nadie está hablando con la misma urgencia de la salud mental docente. Y sin docentes emocionalmente sostenidos, no hay reforma educativa que sobreviva.
Según la UNESCO, el mundo necesitará 44 millones de docentes adicionales al 2030 para garantizar la educación universal. Pero el problema no es solo reclutar: es retener. La propia UNESCO advierte que el abandono está asociado a sobrecarga, agotamiento e inestabilidad laboral. La OCDE lo confirma: alrededor del 6,5 % de docentes deja la profesión cada año. No se van por falta de vocación; se van por desgaste.
En el Perú, después de la pandemia, el malestar socioemocional docente no es un rumor: es una realidad constatada en distintos estudios nacionales. Sin embargo, en el debate electoral, la salud mental del profesorado sigue siendo un tema periférico, casi incómodo. ¿Por qué?
Porque no da titulares fáciles. No se inaugura con cinta roja. No se mide en fotografías. Pero define el corazón del sistema educativo.
Desde la educación emocional sabemos que enseñar no es solo transmitir contenidos. Es gestionar emociones propias y ajenas durante seis o siete horas diarias. Es contener ansiedad, frustración y violencia. Es sostener vínculos en contextos sociales cada vez más complejos. Cuando esa tarea se realiza sin herramientas suficientes de regulación emocional, sin redes de apoyo institucional y con cargas administrativas desproporcionadas, el resultado es predecible: burnout. Un estado de agotamiento físico, emocional y mental que afecta a los profesores como consecuencia del estrés laboral crónico en el ámbito educativo. Por tanto, no es fragilidad individual. Es consecuencia de un sistema que exige resiliencia infinita sin ofrecer condiciones estructurales de cuidado.
Seguimos formando docentes con énfasis técnico, pero con escasa preparación en afrontamiento del estrés, autocuidado y gestión emocional. Seguimos evaluando desempeño casi exclusivamente desde resultados académicos, como si el clima emocional del aula fuera un detalle secundario. Seguimos ampliando responsabilidades sin revisar tiempos reales de descanso y planificación.
Después nos sorprendemos cuando aumenta el ausentismo o cuando docentes experimentados deciden abandonar el aula.
La pregunta que este proceso electoral debería responder es incómoda pero urgente: ¿qué candidato está dispuesto a priorizar condiciones estructurales de bienestar docente como política pública?
Hablar de salud mental docente no es romantizar la profesión. Es reconocer que el sistema educativo depende de personas, no de plataformas. La propia UNESCO lo ha señalado: el profesorado construye vínculos humanos que ninguna tecnología puede reemplazar.
Si un docente está exhausto, su capacidad de innovación disminuye. Si está emocionalmente saturado, su paciencia se reduce. Si siente que el sistema solo le exige y no lo cuida, su compromiso se erosiona. Y cuando el docente se erosiona, el aprendizaje también lo hace.
Podemos llenar las aulas de dispositivos digitales. Podemos reformar el currículo cada cinco años. Podemos anunciar nuevas evaluaciones. Pero si no revisamos la carga laboral, no incorporamos educación emocional en la formación inicial docente y no creamos sistemas reales de apoyo psicoemocional, estaremos construyendo reformas frágiles sobre cuerpos agotados.
Este abril, cuando escuchemos promesas educativas, convendría preguntar algo más profundo: ¿quién está dispuesto a cuidar a quienes cuidan?
Porque la salud mental docente quizá no dé votos inmediatos.
Pero ignorarla sí tiene un costo: el futuro educativo del Perú.