La Asociación Jueces para la Justicia y la Democracia (JUSDEM) publicó un pronunciamiento en contra de las recientes declaraciones y acciones del presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, quien ha denunciado públicamente a jueces e ingresado a audiencias judiciales de casos en trámite, situación que la asociación califica como una injerencia directa e inadmisible.
La agrupación advirtió que la situación se agrava cuando estas intervenciones se complementan con el uso del sistema disciplinario para cuestionar decisiones jurisdiccionales. Un caso emblemático es la denuncia interpuesta contra la jueza Rabines Briceño por ejercer el control de constitucionalidad que le otorga la Carta Magna, mediante la inaplicación de normas incompatibles con la Constitución.
“Alertamos que, tanto las amenazas públicas de destitución y de denuncias, la injerencia directa en audiencias, la activación del procedimiento disciplinario con fines intimidatorios, así como de la remoción y la ratificación, a lo que se agrega el uso de redes para desacreditar a magistrados; en modo alguno constituyen hechos aislados y fortuitos, sino más bien, configuran un patrón sistemático de presión institucional que busca, no solo disciplinar y perseguir a los jueces y fiscales en el ejercicio independiente de sus funciones, sino debilitar la institucionalidad democrática, sojuzgando en su totalidad al sistema de administración de justicia para la conveniencia de intereses particulares en desmedro del bien común de la población peruana”, escribieron.
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La asociación enfatizó que este contexto representa un grave riesgo para el Estado de Derecho y la convivencia democrática en el país: “La independencia judicial y fiscal no constituye un privilegio corporativo, sino una garantía esencial de la ciudadanía para la tutela efectiva de los derechos fundamentales. Su debilitamiento progresivo compromete la democracia, la separación de poderes y la legitimidad misma del sistema de justicia”.
El comunicado concluye reafirmando que ningún poder del Estado puede someter a la justicia, ya que intimidar a jueces y fiscales afecta directamente el derecho de la ciudadanía a una justicia independiente.
¿Qué acciones emprendió Fernando Rospigliosi?
La actuación más reciente del fujimorista Fernando Rospigliosi fue la denuncia formal presentada ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la jueza constitucional Rocío del Pilar Rabines Briceño. El motivo de la denuncia fue la decisión de la magistrada de declarar inaplicable la Ley 32301, conocida como Ley APCI o Ley Anti-ONG, en un caso relacionado con el uso de fondos de cooperación internacional por parte de organizaciones civiles.
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Durante una conferencia de prensa, el titular del Parlamento calificó de “prevaricadora” a la jueza Rabines Briceño y cuestionó abiertamente su fallo, asegurando que la magistrada se negó a aplicar una norma promulgada por el Gobierno y aprobada por el Congreso. Además, informó que ya había ingresado la denuncia contra ella a través de la mesa de partes virtual de la JNJ. Esta acción fue percibida como un intento de presión e intimidación hacia los jueces encargados de revisar leyes que afectan derechos fundamentales.
Otra de las acciones relevantes fue su ingreso a audiencias judiciales en curso, particularmente en el proceso por la masacre de Cayara, ocurrida en 1988. El parlamentario se conectó a la audiencia de este caso emblemático, en el que se juzga a militares por delitos considerados de lesa humanidad.