El presidente José Jerí confirmó en declaraciones a RPP Noticias que la eventual ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) será por un plazo significativamente menor a los dos años inicialmente propuestos en el Congreso, y dejó claro que no permitirán el regreso de los 50.000 mineros que fueron retirados del registro, salvo en casos excepcionales.
El tema es de alta relevancia pues el dictamen que extiende la vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2027 se encuentra listo para debate en el pleno, en medio de un contexto marcado por tensiones sobre la formalización de la minería artesanal y la lucha contra la ilegalidad.
Ejecutivo confirma intención de prorrogar el Reinfo: la posición de Jerí
Durante su visita oficial a la Región Policial Lima Sur en San Vicente de Cañete, Jerí fue enfático al señalar que “menos de dos años va a ser de todas maneras” el plazo de ampliación. Aclaró que existe consenso en varios sectores en que “no puede hablarse de ampliar dos años, eso está descartado.”
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Así lo afirmó Jerí al ser consultado por RPP Noticias. La declaración refuerza la postura del Ejecutivo frente al proyecto legislativo aprobado en la Comisión de Energía y Minas, que establece un periodo de hasta 24 meses.
El presidente también enfrentó el debate sobre la situación de los 50.000 mineros que fueron excluidos del Reinfo en administraciones previas, acción que describió como “un avance del gobierno anterior”.
Según Jerí, esos registros “ya no deberían volver”, reiterando la necesidad de mantener los criterios y filtros que estuvieron detrás de esas exclusiones.
Reinfo no se ampliará por dos años, asegura el presidente José Jerí: ¿Y los 50.000 mineros?
No obstante, el jefe de Estado admitió que “si fuese el caso, deberían ser en algunos supuestos muy muy puntuales que haya alguna acción de por medio”, en referencia a situaciones reglamentadas y explícitas que puedan justificar una reincorporación limitada.
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De acuerdo al dictamen que será evaluado por el pleno del Congreso, la prórroga del Reinfo podría llevar el registro hasta el 31 de diciembre de 2027 o hasta la eventual entrada en vigor de la denominada Ley Mape (Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal) y su respectivo reglamento.
El texto también contempla suspender todos los procedimientos de exclusión en trámite e impedir que se inicien nuevos procesos, hasta que la nueva ley esté vigente o se completen los procesos de formalización.
No obstante, el Ejecutivo, a través del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), ha reiterado su desacuerdo con una ampliación extensa y advirtió que observará cualquier norma que no recoja sus observaciones.
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Ley Mape condiciona vigencia del Reinfo: Ejecutivo rechaza “blanqueo masivo” de mineros informales
El primer ministro Ernesto Álvarez respaldó lo dicho por Jerí y anticipó que el Gobierno está dispuesto a devolver el proyecto si el Congreso opta finalmente por una extensión demasiado amplia. Según lo señalado por Álvarez, corresponde al Legislativo ajustar el dictamen “en los términos adecuados” para evitar un escenario de observación formal.
La posición del Ejecutivo busca equilibrar los intereses en juego: evitar un “blanqueo masivo” de actores informales, promover la formalización real en plazos definidos y garantizar la sostenibilidad ambiental y social en los territorios vinculados a la pequeña minería y minería artesanal.
Para el premier Álvarez, el debate de fondo gira en torno a los plazos y criterios que permitan la transición hacia una regulación definitiva, sin regresar a esquemas anteriores que frenaron avances en la lucha contra la minería ilegal.
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El desenlace dependerá del resultado en el Congreso y de la capacidad de los diferentes poderes del Estado para consensuar una fórmula de ampliación estricta, temporal y focalizada, que no implique el retorno generalizado de mineros desafiliados ni la desnaturalización de los principios de formalización.