Un nuevo capítulo en el conflicto entre la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la concesionaria Rutas de Lima marcará la gestión de los peajes en la zona sur de la capital desde el 2 de diciembre. Ambas instituciones han expuesto posturas completamente divergentes, luego del anuncio oficial de la concesionaria sobre la suspensión de sus operaciones debido a la imposibilidad judicial de cobrar en las estaciones Villa y Punta Negra de la vía Evitamiento.
En un comunicado reciente, Rutas de Lima aclaró que no abandona la operación por decisión propia, sino porque se ha vuelto insostenible continuar sin ingresos: “Le es imposible seguir operando sin ingresos ni caja”. La empresa privada, cuyo equipo supera los seiscientos empleados, indicó que su funcionamiento implica gastos operativos y de mantenimiento cercanos a los veinticinco millones de soles cada mes.
Esta situación se volvió crítica después de varios fallos judiciales que impiden el cobro de peajes en sectores clave, cortando el principal flujo de recursos para la concesionaria. La Municipalidad de Lima, en respuesta, adoptó una postura firme y adelantó que iniciará acciones legales si la empresa confirma su retiro unilateral.
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El plan de contingencia de la MML: servicios y seguridad asegurados
Ante el inminente retiro de la empresa, el alcalde Renzo Reggiardo enfatizó la capacidad operativa y financiera de la municipalidad para asumir, desde el mismo 2 de diciembre, el control y gestión de la vía. “Nosotros, a partir del día que esto suceda, vamos a dar todos los servicios que la población necesita. Tendremos grúas, ambulancias, todo el equipamiento y nuestros servicios de limpieza”, aseguró el burgomaestre.
El Concejo Metropolitano de Lima actuó de inmediato y aprobó una Ordenanza que declara en situación de emergencia la concesión, medida que permite a la MML activar un plan operativo especial. Según la regidora Giuliana Calambrogio, encargada de sustentar el proyecto, la municipalidad ya ha tomado previsiones para asegurar el mantenimiento y la seguridad de la vía sin que los usuarios resulten perjudicados.
A esto se suma la puesta en marcha del Plan Verano 2026, que apunta a atender el considerable aumento del tránsito en las fiestas de Navidad y Año Nuevo, cuando miles de limeños se desplazan hacia los balnearios del sur. De acuerdo con Calambrogio, “todas estas medidas se adoptan sin renunciar a las acciones legales que corresponden contra Rutas de Lima por incumplimiento de contrato".
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Riesgos y escenarios: entre el servicio y el arbitraje internacional
Además de las fricciones locales, el caso tiene implicancias nacionales e internacionales. El especialista en arbitrajes Adrián Simons advirtió que la celebración de la toma de los peajes como victoria puede tener consecuencias insospechadas: “El daño más inmediato es algo que no podemos ver: la imagen del país frente a la inversión nacional y extranjera”.
Para el experto, lo que se perfila es una indemnización millonaria a favor de Rutas de Lima por un caso de “expropiación indirecta”, ya que la falta de ingresos, atribuida a decisiones de la municipalidad y no a causas propias, constituiría un quiebre del contrato según estándares internacionales. “El Estado peruano va a tener que indemnizar al inversionista”, advirtió Simons.
Por su parte, Rutas de Lima ha expresado su voluntad de organizar un traspaso ordenado de la concesión, pero señala la resistencia de la MML a mantener reuniones técnicas orientadas a una salida consensuada del conflicto. Sin radares, ni comunicación por radio, la preocupación sobre la continuidad y calidad de los servicios permanece en el foco del debate.
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Lo que viene: gestión municipal y judicialización
A partir de este 2 de diciembre, los usuarios de la vía Evitamiento Sur se encontrarán con un escenario sin precedentes. Por un lado, la municipalidad deberá demostrar su capacidad para garantizar la transitabilidad y la respuesta ante emergencias; por el otro, la disputa con Rutas de Lima se traslada a terreno legal y, eventualmente, podría escalar a instancias internacionales.
La estabilidad, la seguridad vial y la garantía de un servicio eficiente quedan como prioridades, mientras el desenlace judicial y administrativo definirá el futuro de la infraestructura y la credibilidad de la gestión pública frente a los inversionistas.
El destino de los peajes y de la concesión está ahora en manos de la gestión municipal, que promete despliegue y control, y de los tribunales, que deberán evaluar el alcance de los compromisos y las responsabilidades contraídas en uno de los contratos más polémicos de la infraestructura limeña en los últimos años.
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