Una posible reconfiguración del sistema penitenciario peruano ha entrado en debate tras el anuncio de Iván Paredes Yataco, presidente del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), sobre la intención de que reos de alta peligrosidad sean trasladados al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec) ubicado en la Base Naval del Callao.
Según sostuvo el propio funcionario en entrevista para Andina al Día, esta iniciativa surge como parte de una estrategia para reforzar el régimen carcelario y bloquear completamente cualquier intento de coordinación delictiva desde prisión.
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De acuerdo con el reporte de Andina, el Ejecutivo busca impedir que los cabecillas de bandas continúen operando tras los muros de los penales.
Nueva política, máxima seguridad y control absoluto
El Cerec cuenta actualmente con cuatro internos, todos ellos condenados por terrorismo y considerados entre los delincuentes más peligrosos del país.
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Andina detalló que la infraestructura de este establecimiento reproduce las condiciones de aislamiento extremo implementadas durante la lucha contra el terrorismo en décadas pasadas.
Iván Paredes Yataco manifestó: “Estamos viendo la posibilidad de enviar a algunos internos de alta peligrosidad al Cerec. Lógicamente no puedo mencionar nombres, pero es algo que estamos evaluando”, según recoge Andina al Día.
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Además, fuentes oficiales señalaron la existencia de coordinaciones entre el Inpe y la Marina de Guerra del Perú para prorrogar el convenio que permite la utilización de las instalaciones del Cerec con fines penitenciarios.
“El convenio con la Marina culminaba en enero, pero ya se ha decidido que se prorrogue. No puedo dar una fecha exacta todavía, pero la disposición está dada”, explicó Paredes Yataco.
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Esta propuesta va de la mano con la publicación del Decreto Supremo N.º 019-2025 JUS, que endurece sustancialmente las condiciones de encarcelamiento para quienes se encuentran bajo el llamado “régimen cerrado especial”.
Andina informó que la nueva norma restringe las horas de patio y limita las visitas, ahora permitidas solo en locutorio, sin contacto directo.
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La gestión del Inpe incluye además la adecuación de nuevos pabellones de máxima seguridad en penales como Ancón I, Challapalca y Cochamarca, donde ya han sido trasladados 45 internos y se prevé la llegada de 400 más a estas estrictas condiciones.
En el caso de Ancón 1, el pabellón para el régimen cerrado especial admite hasta 168 plazas operativas. Según Iván Paredes Yataco, la medida afectará principalmente a sentenciados por extorsión, sicariato y secuestro, crímenes asociados al auge del crimen organizado en el país.
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“Antes la salida al patio era todos los días, y podían estar en los pasadizos; ahora no, la salida es estrictamente al patio, por dos horas, dependiendo del régimen, pero inmediatamente regresan a su celda”, afirmó el funcionario.
Esta disposición busca evitar los espacios donde tradicionalmente se lograban coordinar extorsiones, de acuerdo con la información provista por Andina.
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Cambios en el trato a internos
La segmentación de los presos en nuevos niveles de seguridad —con las etapas A, B y C— establece celdas individuales, reducción estricta de socialización y un mayor número de bloqueadores de comunicaciones.
De acuerdo con las autoridades, la Etapa A está reservada para los cabecillas, quienes tendrán solo dos horas de patio diarias y una única visita quincenal por locutorio.
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Para los considerados miembros, aunque no líderes, de estas redes criminales, se imponen regímenes igualmente rigurosos.
Los próximos meses prevén el traslado de 100 internos a Challapalca y otros 100 a Cochamarca, donde la infraestructura ha sido acondicionada con tecnologías que buscan garantizar el aislamiento efectivo y bloquear comunicaciones ilegales.